Por: María Elvira Bonilla

El baile rojo

El 30 de agosto de 1986 muere Leonardo Posada en los brazos de Lucho Garzón en Barrancabermeja. Uno de los 14 congresistas que venía de elegir la Unión Patriótica.

Con ese asesinato se inicia el plan Baile Rojo, la macabra estrategia de exterminio de la UP fraguada desde el Estado, del movimiento político nacido del acuerdo de cese al fuego, tregua y paz suscrito el 28 de marzo de 1984 en La Uribe, Meta, entre el gobierno Betancur y las Farc. Al día siguiente cae en Villavicencio otro representante, Pedro Nel Jiménez, y así, uno a uno, casi que de manera orquestada, además de los recién elegidos caen asesinados distintos líderes sociales de todas las regiones del país. Fueron 1.163, cuyos casos están documentados.

Una ola de asesinatos que se inicia al tiempo con el gobierno Barco en 1986 y que tuvo como resultado la desbandada de la gente de la UP: unos salieron para el exilio; guerrilleros desmovilizados, como Iván Márquez, elegido a la Cámara, regresaron al monte; otros se silenciaron y se sumieron en la clandestinidad; otros, como Ricardo Palmera, decidieron sumarse a la lucha armada, como aparece narrado en el libro El baile rojo, escrito por Yesid Campos y publicado por Ícono Editorial.

La historia de cómo Palmera se convierte en Simón Trinidad la narra Imelda Daza, exiliada en Suecia, quien formó parte de una generación de jóvenes vallenatos que, como muchos en el país, se entusiasmaron con la política a través de Luis Carlos Galán y el Nuevo Liberalismo. Palmera acompañó luego el “gran diálogo nacional” convocado por el presidente Betancur en el marco de su apuesta por la paz. Pero los asesinatos no se hicieron esperar: primero el concejal Toño Quiroz, luego José Ramírez, y el pánico colectivo y las amenazas, “esto va a seguir, las órdenes están dadas”, y Palmera decidió ingresar a las Farc. En El baile rojo aparecen nombres y más nombres, así como relatos, en la voz de sobrevivientes, de huérfanos, de viudas. Son demasiados.

El tema de las víctimas entra a la mesa de La Habana. Y con él preguntas sobre la génesis del conflicto: ¿se inicia el 9 de abril de 1948, con la muerte de Gaitán, como sostiene la historiografía liberal, o, como lo plantea Iván Márquez, en 1936, con la fallida Ley 200 de Alfonso López, o 1930, con la caída de medio siglo de hegemonía conservadora y la llegada de los liberales con Olaya Herrera al poder? Son cientos de miles de víctimas y victimarios. El colombiano, por su duración y por su atipicidad —de autodefensa de grupos políticos, de guerra subversiva, de narcotráfico e ilegalidad, de procesos económicos rurales—, es un conflicto en el que todos —Estado, partidos, grupos armados, élites económicas, dirigentes— tienen alguna responsabilidad, unos por acción, otros por omisión.

Y el tema es crítico pues está directamente ligado con la justicia. Porque, finalmente, ¿quién puede juzgar a quién? Pero, además, ¿cómo alcanzar una esquiva reconciliación que sea sin exclusiones, para que la búsqueda de la verdad no termine avivando el fuego de los odios y la firma de la paz no termine convertida en el comienzo de otra sangrienta ola de violencia, como pasó con El baile rojo? Un horizonte que por el momento no está nada claro.

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