El banquete del carrusel con la salud

Al margen de la discusión sobre el sistema de salud que debe regir en el país, es evidente que lo que más ha impedido avanzar en la garantía de este derecho y en que los recursos destinados para tal fin se inviertan de manera eficaz y eficiente ha sido la corrupción. Bogotá, tal vez como ninguna otra ciudad, puede dar fe de ello.

Lo que se ha filtrado a los medios sobre los avances de la investigación de la Fiscalía en el caso del desfalco al Distrito ratifica lo que muchos sabíamos: en el sector de la salud fue donde el cartel de la contratación se dio uno de los banquetes más jugosos y asquerosos.

Los langostinos del hospital de Meissen son apenas un capítulo secundario frente al andamiaje de corrupción que se montó en la ciudad: concejales y congresistas lograban que les nombraran a sus fichas a través de concursos amañados disfrazados de meritocracia en los cargos de gerente de unos hospitales que luego aquellos convertían en parcelas para robar de todas las formas imaginables. El modus operandi incluía desde las maniobras para desvalijar las arcas destinadas a la construcción de la infraestructura hospitalaria y a su interventoría, hasta despilfarrar la plata en exquisitas cenas, pasando por las coimas cobradas a través de todo tipo de proveedores (medicamentos, insumos, aseo, personal, etc.).

Mientras tanto, la ciudad pagaba, y está aún pagando, el precio a través de los múltiples obstáculos al acceso a la salud de sus habitantes.  La mortalidad infantil en Bogotá ha frenado su tendencia decreciente y se ha estancado en 11 por cada mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad materna está estancada también en 39 por cada 100 mil nacidos vivos desde el 2010. Y la cobertura en vacunación ha caído en cerca de 7% durante los últimos cuatro años.

La capacidad de la red pública, según cifras de la Secretaría de Salud y del Ministerio de Salud, es a todas luces insuficiente. La tasa de ocupación llega al 150%, es decir que existe un déficit del 50%. El caso más grave es el de urgencias de hospitales de segundo nivel en donde la tasa de ocupación supera el 252%. Y, a pesar del aumento de camas de hospitalización en el 2012 en más de un 10%, la ciudad sigue teniendo un déficit de cerca de 1.300 camas.

La distribución del personal es la evidencia clara de una burocratización totalmente ineficiente: en los hospitales de tercer nivel el 57% del personal es administrativo, mientras que apenas el 43% es asistencial.

Uno de los mayores problemas es la tardanza para que a un paciente le den cita. En el 42% de los casos las citas son asignadas 11 días o más después de ser solicitadas. En Cali solo el 21% de los casos tardan tanto, en Medellín el 19% y en Barranquilla el 26%. Esos problemas llevan a que en Bogotá apenas un 36% los pacientes sienta que se le garantiza el derecho a la salud, mientras que en Cali la cifra llega al 45%, en Medellín al 51% y en Barranquilla al 75%.

Así las cosas, en el caso de la salud en Bogotá el impacto directo de la corrupción en la garantía de derechos de las personas es absolutamente evidente. La justicia tiene hoy la oportunidad única de destapar por completo este componente del desfalco. Por lo menos ese debería ser el resultado de la colaboración de Héctor Zambrano, exsecretario de Salud, con la Fiscalía. No se le puede permitir que trate de desviar la atención disparando para todos lados sin pruebas. No. Él sabe muy bien quiénes participaron en ese carrusel y cómo lo hicieron. Que lo diga. Si esto se logra la ciudad dará un paso fundamental para pasar la página y dedicarnos a resolver los problemas que hoy impiden que se les garantice a todos los bogotanos el derecho a la salud.

Aniversario: Hoy, 24 años después de su asesinato, la lucha de Luis Carlos Galán por la depuración de los partidos y la recuperación de la política como instrumento para cambiar una sociedad está más vigente que nunca.