Por: Fernando Galindo G.

El carrusel de la salud

El barómetro global de corrupción 2013, de Transparencia Internacional, ubica a Colombia entre los países cuyos nacionales perciben que esta desventura, en vez de disminuir, se ha incrementado, calificando a los partidos políticos y al Poder Legislativo (unidos umbilicalmente) con 4,3 sobre 5 (máxima corrupción), a los funcionarios públicos con 4,0, y al sector judicial y a la salud con 3,8.

El carrusel, otrora emblema de una niñez feliz y divertida, se ha desfigurado como la interacción delincuencial entre funcionarios del Estado y empresarios privados que compiten en la sagacidad de sus prácticas para apoderarse de los dineros públicos.

El de la salud se entronizó cuando a algún ministro extrovertido en el neoliberalismo económico se le ocurrió que el Estado era incapaz de seguir prestando la salud a los asociados, función que había desempeñado desde que Colombia es nación.

La plataforma rotatoria la lideró el patrimonio construido por las EPS y las cajas de compensación familiar, con los aportes iniciales de la UPC, hasta lograr la posición dominante del sector, consolidada con la integración vertical de clínicas, IPS, universidades, urbanizaciones, hoteles recreacionales, equipos deportivos, hasta reducir al antiguo robusto Ministerio de Salud a funcionar como inspector complaciente del aseguramiento privado.

Con banco propio, llamado Fosyga, se facilitó el sobrecosto de medicamentos y procedimientos, instrumentado por hospitales, clínicas y profesionales, e intermediado por las EPS, para organizar el tráfico de comisiones, entre unos y otros, con el peaje del inspector: el Ministerio de Salud o de Protección Social, según la época. La Federación Médica Colombiana, a través de derechos de petición, ha desenmascarado la desregulación de precios de medicamentos y del sistema de información de los mismos (Hospitalaria, ACHC., Nº 88, marzo-abril, 2013: 4-12).

Los “acuerdos” del carrusel condujeron a facturar por EPS los servicios prestados a quienes exhibían carnés de medicina prepagada, es decir, pertenecientes al régimen contributivo, malversando y agotando los fondos teóricamente destinados a los pobres, es decir, a los pertenecientes al régimen subsidiado.

La posición dominante de las EPS subordinó a la Superintendencia Nacional de Salud para que avalara el incremento patrimonial de las primeras con los dineros públicos pagados por los afiliados en los parafiscales y, a su vez, negoció la expedición de leyes en el Congreso que se ajustaran a sus voraces apetencias empresariales.

La cooptación de la información sobre el sistema formó parte del carrusel para camuflar la ineficacia e ineficiencia en la prestación de los servicios, vistiéndolas de cobertura, o carnetización, que son más demagógicas que reales. Si el desempleo se ha reducido a un dígito, ¿por qué hay 22’500.000 colombianos afiliados al régimen subsidiado?

Este panorama de la salud, que ha durado 20 largos años, es el que se debería haber corregido con la reciente Ley Estatutaria y el Gobierno, el Congreso y la Corte Constitucional deben analizar la enorme frustración nacional que tan precaria legislación ha producido, antes de descalificar a quienes han profundizado desde diversas tribunas en sus implicaciones para la salud de los colombianos.

 

 

*Fernando Galindo G.

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