El cartel que robó a Bogotá

LA CORRUPCIÓN EN BOGOTÁ NO Empezó con Samuel Moreno, obvio; pero nunca antes como en su gobierno se habían alineado los astros de tal forma que se pudiera consumar uno de los peores desfalcos en la historia de Colombia.

Todo empezó con rumores sobre quienes, al parecer, manejaban la contratación en varias entidades claves del Distrito: Julio Gómez, Álvaro Dávila, Emilio Tapia, Manuel Sánchez. Un grupo de concejales, al ver que algunos de estos nombres figuraban en contratos, le enviamos una carta pública al alcalde Samuel Moreno, en junio de 2009, pidiéndole que respondiera por la configuración —presunta en ese entonces— de lo que calificamos en la misiva como un “cartel de la contratación”.

Poco a poco fuimos descubriendo que el adjetivo “presunta” estaba de más. En marzo de 2010 denuncié cómo el IDU había reducido los requisitos para que los contratistas de la fase 3 de Transmilenio accedieran a los anticipos. Entre esos contratistas, claro, estaban los Nule. Fue precisamente por esa vía, y gracias a ese cambio, que los miembros del cartel se hicieron a algunas de las mordidas.

Poco después, el 3 de junio de 2010, denuncié que firmas vinculadas a Julio Gómez y a sus familiares, en llave con la empresa Geos de Tapia, se habían apoderado de manera irregular de contratos por cerca de $300.000 millones en 2009. Al revisar las licitaciones encontré que, aunque los adjudicatarios variaban de un proceso a otro, casi siempre participaban las mismas firmas y, vaya sorpresa, todas las que ganaban eran de Gómez, Tapia o los Nule. Eso pasó en el IDU, en hospitales, fondos de desarrollo local, etc.

Luego se conoció la grabación de Olano con Miguel Nule y ahí sí, por fin, varios incrédulos se convencieron de las dimensiones del caso. Y finalmente Petro, a finales de 2010, compiló estas denuncias y las complementó, con lo cual les dio eco por tratarse de alguien que, desde el mismo Polo, señalaba a Samuel y a su hermano Iván de ser los cerebros políticos del saqueo.

Para lograr esa operación criminal que, como dijo el juez que envió a la cárcel al concejal Rodríguez, no sólo llevó a la pérdida de recursos sino que puso en peligro la vida de muchos bogotanos, se requirió una tenaza tan nauseabunda como efectiva: el manejo de la cabeza del Ejecutivo y la complicidad de los órganos de control político, fiscal y disciplinario. Todo esto lo estructuraron abogados y contratistas expertos en torcer procesos licitatorios. Sus artífices pensaron que esa tenaza les garantizaría impunidad y lo mismo pensábamos, hace poco, muchos desencantados con las investigaciones.

Pero no. El fiscal Montealegre y su equipo le dieron un viraje clave al caso, replantearon los beneficios que se les habían ofrecido a algunos de los partícipes del cartel e implementaron una estrategia para llevarlos a todos poco a poco ante la justicia. Sin duda faltan muchos: más concejales, congresistas y funcionarios. Por eso hay que apoyar a la Fiscalía en esta cruzada para que los responsables rindan cuentas ante la justicia, paguen con cárcel y devuelvan todo lo que robaron.

Pero, ahora que tanto se habla de que no debe haber impunidad, no podemos permitir que la haya tampoco desde el punto de vista político. Es decir, aquellos que por acción u omisión permitieron que ocurriera este nuevo “bogotazo” deben responder. En esencia, me refiero a los partidos de la coalición de Samuel en el Concejo; los que, como Juan Lozano, aliado de Hipólito Moreno, se beneficiaron de los votos de esos corruptos; los que en el Polo miraron para otro lado o fueron los escuderos de Samuel, como Clara López; e incluso quienes desde otro escenario mantuvieron su respaldo intacto al alcalde hasta el final, como Ernesto Samper. Todos contribuyeron al desastre que ha vivido Bogotá estos últimos años, y todos son responsables.