El corrosivo efecto de Odebrecht en la política

De confirmarse lo dicho por Otto Bula sobre que dineros de un soborno de la firma Odebrecht para obtener contratos de obra pública habrían entrado a la campaña de la reelección del hoy presidente de la República, estaríamos ante un escándalo político de proporciones similares a las del proceso ocho mil.

Seguramente consciente de las implicaciones políticas de esta declaración revelada en una rueda de prensa con cierta ligereza, el fiscal Néstor Humberto Martínez salió al día siguiente a bajarle el tono al tema y a señalar que no existe prueba documental de lo dicho por Bula. El fiscal no puede dejar en el aire esta idea y trasladar toda la responsabilidad al Consejo Nacional Electoral, entidad que no tiene las herramientas investigativas para develar este entramado de corrupción, porque además no es lo mismo señalar a una campaña política de sobrepasar los topes legales de financiación y de haber recibido dinero de una empresa extranjera, que de haber recibido dineros ilegales.

Pero ahí están los nombres, el de Roberto Prieto, exgerente de la campaña de la reelección en el 2014, y el de Andrés Giraldo, su amigo, como señalados receptores de ese dinero, y el de Enrique Riveira Bornacelli, director administrativo de la campaña, hoy secretario privado de la Presidencia, y señalado de haber presionado al director de la ANI, Luis Fernando Andrade, para la prórroga irregular del tramo II de la Ruta del Sol en condiciones muy favorables para el consorcio conformado por Odebrecht, Episol y CSS Constructores S.A.

Es deber de la Fiscalía establecer con absoluta claridad si lo que señala Bula es cierto o no, porque esto afectaría la legitimidad del propio gobierno, pues estaríamos ni más ni menos que frente a una operación de lavado de activos a través de una campaña que no reporta el hecho ante las autoridades competentes.

Esta revelación del fiscal le ha caído de perlas al uribismo respecto de la intervención de Odebrecht en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Está comprobado que Zuluaga se reunió en Brasil en compañía de su hijo y de otro precandidato del Centro Democrático, el hoy senador Iván Duque, con el estratega político Duda Mendoça, a instancias de la firma brasilera, que se habría comprometido a pagar la diferencia de los honorarios entre lo que podía pagar la campaña y lo que cobraba el asesor. También se sabe que toda esta intermediación la facilitó Daniel García Arizabaleta, exdirector del INCO durante el gobierno de Uribe y quien fue destituido por la Procuraduría por falsificar títulos para posesionarse en esa entidad. Así mismo, está claro que el ex viceministro de Transporte del gobierno de Uribe, Gabriel García Morales, recibió un soborno de parte de Odebrecht que habría sido determinante para que él como director encargado del INCO adjudicara, sin otros proponentes, el anhelado contrato del tramo II de la Ruta del Sol.

Zuluaga dice que desconoce esos pagos adicionales de Odebrecht, pero no ha dado explicaciones satisfactorias de cómo es que decide reunirse con un estratega de campaña sugerido y pagado por una firma contratista del Estado que a la postre fue beneficiada con contratos del gobierno del que hizo parte.

El país acude estupefacto al deprimente espectáculo de repartición de culpas entre el santismo y el uribismo, y la lavada de manos de Vargas Lleras, pero de toda esta tragicomedia queda claro que Odebrecht apostó a los dos candidatos, como suele pasar en este tipo de hechos.

Es necesario recordar que dineros del narcotráfico ingresaron a la campaña de Ernesto Samper Pizano y que por razones políticas fue archivada la investigación en la Comisión de Acusaciones para establecer si él sabía o no de esa infiltración. En ese entonces la única renuncia fue la del vicepresidente Humberto De La Calle.

@cuervoji