Por: José Fernando Isaza

El descubrimiento

Un aporte de la Constitución de 1991 fue el descubrimiento, en realidad el reconocimiento, de que Colombia es un país multiétnico, multicultural y regional.

Los textos de mediados del siglo pasado afirmaban que menos del 1% de la población colombiana se reconocía como indígena y un porcentaje similar como afrodescendiente. En el censo de 1993 sólo el 1,5% se reconoció como indígena o afrodescendiente.

En el censo de 2005 estas cifras se modificaron radicalmente. El 3,33% se declaró indígena, el 10,40% afrocolombiano, menos del uno por 10.000 rom, gitanos. A pesar de la discriminación que subsiste con estos grupos, el haber reconocido sus derechos, valorar su cultura, respetar y aceptar sus formas de organización política y productiva hizo que muchos colombianos se mostraran orgullosos de pertenecer a estas etnias, que la colonización española y buena parte del período republicano trataron de exterminar y, si no lo lograron, sí marginaron y privaron de sus derechos.

No hay que olvidar que hasta bien entrado el siglo XX la legislación los consideraba “salvajes”, limitándoles aun sus actividades comerciales e imponiéndoles una educación que no respetaba en nada sus tradiciones ni su cosmovisión; sus tierras eran zonas de misiones y la Iglesia tenía autoridad sobre ellas. Al menos en los textos legales se aprecian cambios positivos, luego de promulgada la Constitución del 91.

Algo similar está pasando como consecuencia del reciente paro agrario. El país parece reconocer que existen los campesinos, que son ellos quienes todavía surten de alimento los supermercados, las tiendas y las centrales de abastos. Lo que antes eran estadísticas poco analizadas o leídas, se está discutiendo en diferentes medios. Hoy más personas reconocen que los campesinos no han participado en los beneficios del mediano crecimiento económico del país, que han sido desplazados; el Gobierno anterior, a través de uno de sus áulicos, llamó a los desplazados “migrantes” y los comparó con turistas locales. Los índices de educación, salud, ingreso, son inferiores a los de los habitantes urbanos; se los quiere transformar de propietarios de sus parcelas en asalariados de las grandes plantaciones. Lo que se conocía desde hace años, la concentración de la tierra, la deficiente infraestructura para comercializar sus productos, las derogatorias por pactos políticos de las incipientes reformas agrarias, parecería que empieza a descubrirse. Los estudios y los debates en el Congreso sobre la problemática agraria, realizados por parlamentarios como Jorge E. Robledo, se desempolvan y se difunden. Un gobierno como el actual, que quiere mostrarse más democrático que el anterior, lo cual es facilísimo, los pone en riesgo al confundir la libertad de expresión con la subversión.

No son hechos sobrevinientes los subsidios al sector agrícola en Europa y EE.UU., como tampoco que la firma de los TLC iba a agravar la situación del campo colombiano. Todo esto se sabía y había sido advertido, no sólo por los partidos de la oposición, sino por estudios de entidades como Fedesarrollo, que llamó la atención por los sobrecostos en que incurriría el país como consecuencia del capítulo del TLC sobre patentes.

Los campesinos que protestan quieren políticas e instrumentos que les permitan competir en pie de igualdad y no en una pelea de toche con guayaba madura.

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