Por: Mauricio Albarracín

El día que la Corte escuchó al Atrato

La semana pasada, dos integrantes del despacho del magistrado Jorge Iván Palacio de la Corte Constitucional, hicieron una inspección judicial en el río Atrato para determinar la contaminación por minería ilegal en la zona.

La visita de la Corte tuvo cuatro formas de ver el problema, que se construyeron conjuntamente con las comunidades: una audiencia pública, la participación en un foro de organizaciones sociales, un recorrido en lancha, una asamblea comunitaria en una de las comunidades afectadas y un sobrevuelo en helicóptero. Estas cuatro miradas a un problema tan grave y estructural me hicieron recordar los mejores tiempos de la Corte.

La historia comienza con una acción de tutela que instauraron varios consejos comunitarios y organizaciones del Chocó, entre ellas, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA), el Consejo Mayor de la Asociación Integral del Atrato (COCOMACIA), la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (ASOCOBA) y el Foro Inter-Étnico Solidaridad Chocó (FISCH), con el apoyo jurídico de la organización Tierra Digna. Esta acción se dio después de varios años de denuncias por la minería ilegal en la zona y de varias acciones legales, entre ellas las acciones populares y de grupo que no han tenido efecto en parar este flagelo. Para estas comunidades, la tutela es la última herramienta para proteger sus derechos fundamentales por la contaminación de la minería ilegal, especialmente por el vertimiento de mercurio en los afluentes del río Atrato, entre ellos el río Quito, el río Andágueda, el río Bebará y el río Bebamará. Sobre las afectaciones en el río, contaré en otras columnas, pero, por ahora, quisiera resaltar los significados de la visita de la Corte.

El jueves 28 de enero en la mañana, se realizó una audiencia en el Palacio de Justicia de Quibdó. En una pequeña sala, 40 personas escuchamos a las comunidades y a las instituciones que dieron su testimonio. Uno de los líderes dijo lo que pasa en este río: “no lo leí, no me lo contaron, lo viví”. Él encarnaba la solidez y tenacidad con la que el movimiento negro ha defendido sus derechos y territorios por años sin ser escuchados. El consenso institucional, comunitario y científico fue total: la minería está matando el río y envenenando a la gente. Me impresionó el sentido de justicia y el papel de la Diócesis de Quibdó y del procurador Judicial, quienes respaldaron irrestrictamente a las comunidades. En la tarde de ese día, los integrantes de la Corte acudieron al Foro Inter-étnico. Un auditorio lleno esperaba a la Corte. Le tenían preparadas las sillas principales, pero los integrantes del despacho, con humildad, se sentaron entre el público y escucharon. Todos hablaban a la Corte, querían ser escuchados. Un líder dijo con una implacable argumentación: “la Corte tiene demasiado fallos y no se cumplen”, y por eso sugirió “que tenga pocos fallos pero que se cumplan y que se les haga seguimiento”.

Al día siguiente, el viernes 29 de enero, la Corte se desplazó a la comunidad de Paimadó, cabecera municipal del municipio de Río Quito. Durante el trayecto de dos horas, fue evidente la presencia de “dragones”, dragas y retroexcavadoras. Las máquinas estaban detenidas, tal vez sabían de la visita. Los líderes comunitarios relataron las afectaciones en cada comunidad. Uno de ellos insistió: “papel, papel, esto no aguanta más papel”. Tomé algunas fotos, pero alguien me advirtió: “tome un video porque las fotos no se entienden”. Durante el trayecto, la Corte evidenció que el cauce del río fue alterado por la minería ilegal.

Llegamos a Paimadó. Allí, entre el río y la iglesia, se realizó una asamblea comunitaria. La Corte escuchó a la comunidad. La mayoría habló con miedo. Un joven nos dijo en privado: “en el Chocó, el que habla lo matan”. Los líderes comunitarios recordaron que Río Quito es uno de los municipios más pobres de Colombia. Contaron que ya no hay peces, borojó, chontaduro, árbol del pan, ni plátano. No pueden pescar ni sembrar. La minería ilegal amenaza la soberanía alimentaria y los ha hecho dependientes de ese negocio. De regreso, tuvimos algunas dificultades en la panga donde viajábamos, porque cuando cambia la hidrodinámica del río, la navegabilidad es riesgosa.

El sábado 30 de enero, la Corte sobrevoló en un helicóptero militar parte de los ríos afectados. Dos coroneles brindaron todas las garantías y todo lo que nos habían contado tomó forma. Los relatos se materializaron en un desastre ambiental que se veía por todas partes. La Corte escuchó discursos institucionales, comunitarios y científicos. No se quedó en la oficina ni en las zonas de confort frecuentadas por burócratas. Una persona me dijo: “la Corte había venido muchas veces a Quibdó, pero nunca a nada comunitario”. Otra persona me dijo en Paimadó: “nunca nos habíamos reunido a discutir este problema”. La gente tiene fe en la Corte y confianza en que hará justicia. Durante toda esta visita pensé que otras instituciones - incluyendo los más altos funcionarios - deberían seguir este ejemplo y de recorrer estas comunidades directamente para conocer los daños ambientales y humanos.

La Corte escuchó el río Atrato. Pudo ver con sus propios ojos que la falta de Estado produce monstruos, que la contaminación envenena poco a poco a las comunidades pobres y que el racismo estructural es una realidad que debemos reparar.

*Investigador de Dejusticia. [email protected] Twitter: @malbarracin

Nota sobre el caso: Dejusticia participó en esta inspección judicial por invitación de las organizaciones accionantes e interviene en este proceso por invitación de la Corte Constitucional.
 

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