Por: Arlene B. Tickner

El día de la lamentación

El cambio en los derechos marítimos colombianos podría obligar a renegociar el TLC con Estados Unidos en explotación pesquera.

El día de lamentación para el que la comunidad raizal de San Andrés se había preparado palideció al lado de la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa limítrofe entre Nicaragua y Colombia; decisión además inapelable, que el gobierno nacional no anticipó ni socializó lo suficiente entre los habitantes del archipiélago ni el resto de los colombianos. Las caras desmoralizadas de los tres expresidentes que acompañaron a Juan Manuel Santos mientras comunicaba al país las malas noticias y la estéril celebración de la soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos, fueron reveladoras de la magnitud de lo ocurrido.

El fallo de la CIJ —cuyo cumplimiento a estas alturas es obligatorio— genera un sinnúmero de dilemas constitucionales, políticos, económicos y sociales que sólo ahora comienzan a sopesarse. Quienes conocen de pesca afirman que las áreas de mayor riqueza de langosta y caracol se concentran en los pedazos de mar que Colombia perdió. Además de los efectos sobre la seguridad alimenticia y la economía lícita del archipiélago, el cambio en los derechos marítimos colombianos podría obligar a renegociar el TLC con Estados Unidos en lo que respecta a la explotación pesquera. Los recursos de hidrocarburos también se concentran en la zona concedida a Nicaragua. Se estima que las pérdidas en biodiversidad pueden ser grandes, sobre todo si Nicaragua decide abrir licitaciones internacionales para explotar petróleo. Y las actividades de interdicción pueden verse afectadas precisamente en un corredor que se ha tornado estratégico para el narcotráfico. Todo ello apunta, además, a la necesidad de consolidar lazos de coordinación y cooperación con Nicaragua, hoy inexistentes.

La pérdida del territorio marítimo, además de ser causa ineludible de luto, exige un examen crítico de los factores que la provocaron, entre ellos la improvisación estratégico-jurídica y la soberbia andina. Hasta hace poco el manejo del diferendo con Nicaragua se celebraba como uno de los pocos ejemplos de una política exterior de Estado. Sin embargo, la participación de varios gobiernos en ella no garantiza que haya sido acertada. En vísperas de que Nicaragua presentara su demanda ante la CIJ, en diciembre de 2001, Colombia retiró el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte. Lo que pareció un golpe maestro terminó siendo un acto suicida, ya que el Estado tendría que haberse adelantado a la decisión nicaragüense desde mucho antes y abandonado el Pacto de Bogotá (1948), sobre el que ese país basó su demanda. Colombia quedó así sometida a un arbitraje internacional en el que llevaba todas las de perder. Tampoco se salió del proceso una vez iniciado —tal vez para guardar las formas—, cuando hubiera podido boicotearlo. Una vez metida en el litigio, la estrategia jurídica empleada no parece haber anticipado la evolución de la jurisprudencia de la CIJ en casos de delimitación marítima.

Pese a tener dos costas, las élites políticas colombianas han exhibido una tendencia histórica a ignorar y menospreciar a las zonas costeras del país. Además de que la soberbia andina ha impedido que sus habitantes sean reconocidos como interlocutores en el proceso necesario de proyección e inserción marítima, las estrategias de política exterior frente al Caribe y el Pacífico rara vez han pasado de las buenas intenciones. También por ello, Colombia subestimó la astucia caribeña de Nicaragua y se apegó al reclamo de la tierra olvidándose de la importancia del mar.

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