Por: Catalina Ruiz-Navarro

El diablo en los detalles

El proyecto de acto legislati-vo sobre la legalización de la dosis personal, que acaba de pasar Alba Lucía Pinilla, está muy bien, a grandes rasgos.

Su argumento se basa en el libre desarrollo de la personalidad que garantiza la Constitución y busca que se haga énfasis en la rehabilitación y no en la punición, pues el consumo es, cuando más, autodestructivo y no afecta a terceros. Incluso reconoce lo dañina e infructuosa que ha sido la guerra contra las drogas, y hasta ahí parece justo, sensato y necesario, salvo por un pequeño detalle que puede llegar a ser peligrosísimo.

El proyecto pide que no se estigmatice a los consumidores como delincuentes porque, según dice “es perfectamente claro que quien ostente tal condición sin duda es un enfermo, y no se discute que si el afectado pretende mejorar su condición o recuperarse habrá de someterse a tratamientos dirigidos por especialistas”. No repara en que decirle a todos los consumidores enfermos es ya una estigmatización pues, ni todos los consumidores de sustancias psicoactivas ilegales son adictos, ni todos los adictos son enfermos. Si bien el proyecto menciona los diferentes tipos de consumidores (habituales, disfuncionales, destructivos, experimentadores y ocasionales), citando la ponencia del magistrado Yesid Ramírez a la Corte Suprema de Justicia, no se vuelve al punto, y después se sugiere que todos los consumidores deben recibir tratamiento.

Esto presenta dos problemas. El primero es que los supuestos centros de tratamiento en su mayoría no están certificados y con frecuencia imparten una especie de teoterapia, que deja a los consumidores abocados al miserable futuro de contar en un bus, por unas cuantas monedas, la historia de cómo conocieron a Dios. En muchos centros de rehabilitación simplemente les cambian a los pacientes una adicción por otra, opio por religión, y quedamos en las mismas, pues el problema de la dependencia en sí no se trata. El escenario de la cristología intensa, sin embargo, es mejor al de otros centros de rehabilitación donde llegan a maltratar e insultar a los pacientes, aprovechando que los diferentes métodos para el tratamiento no están controlados ni unificados.

El segundo problema es la gran hipocresía o ignorancia que lleva a unos a aceptar al consumidor frecuente de alcohol, pero tachar de enfermo al consumidor habitual de otras sustancias que alteran la conciencia pero que son ilegales. Además, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 85% de los consumidores de SPA ilegales no tienen daños derivados de ellas, y por lo tanto sería una ridiculez gastar fondos públicos en un tratamiento innecesario.

El proyecto de acto legislativo tiene que pasar todavía por alrededor de ocho debates y ellos serían una buena oportunidad para dejar de tratar el tema de la droga con esa doble moral llena de inexactitudes. Inexactitudes que permiten que, por ejemplo, la policía se dé gusto llevando gente a la UPJ, ya que ni agentes ni ciudadanos saben que la dosis personal no está penalizada actualmente, o que permiten que centros cristianos presten un servicio que, cuando es ofrecido por el Estado, debe ser laico. Hay una sola manera de lidiar con el problema del consumo de sustancias y es con rigor y exactitud, y sin esa mojigatería que guarda entre sus faldas al mismo diablo al que tanto teme.

Pata: Se acaba de aprobar en el Concejo un proyecto que prohíbe el grafiti en Bogotá. Solo falta la firma de Petro que aceptó esperar a escuchar a los grafiteros. Si el proyecto pasa, justificaría el homicidio del joven Diego Felipe Becerra a manos de un policía y sus prejuicios, y caer en la ingenuidad de creer que los procesos de la contracultura se pueden normalizar.

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