El dilema de la reforma tributaria

La regla fiscal compromete al gobierno nacional a reducir paulatinamente sus déficits durante los próximos diez años, hasta que estructuralmente la diferencia entre gastos e ingresos no supere el 1% del PIB (hoy es más del 2%).

Ese compromiso es público y claro, pero lo que no es tan claro es que para que los menores déficits sean una realidad, la reforma tributaria de la que tanto se ha hablado en los últimos meses tiene que ser aprobada por el Congreso el próximo año. La razón es sencilla: a partir de 2014 empezará a desaparecer el cuatro por mil y en 2015 ya no habrá impuesto al patrimonio, así que sólo una reforma aprobada en 2013 será capaz de generar de manera oportuna los ingresos requeridos para compensar la caída de estos tributos, permitiendo así honrar la senda impuesta por la regla.

Sin embargo, un eventual acuerdo de paz tendrá implicaciones sobre las finanzas del gobierno nacional, muy probablemente en la forma de mayor gasto público en frentes que no quedaron consignados en el Plan de Desarrollo. Es cierto que si se firma la paz, parte del gasto en defensa y seguridad ya no sería necesario, abriendo algo de espacio, pero no nos llamemos a engaño: el desmonte de ese gasto sólo se hará de forma paulatina. Por lo tanto, la paz, sin duda deseable, va a tener muchos costos, entre ellos fiscales, así que nuevamente surge la pregunta de qué hacer con el cumplimiento de la regla fiscal. Si se gasta más en virtud de la paz y se quiere cumplir con la regla, se necesitan todavía más ingresos.

Ahí es donde surge el dilema. ¿Debería el Gobierno esperar a que concluyan las negociaciones para pensar qué nuevos tributos diseñar o, más bien, sería mejor ir pensando en ponerle nuevos tributos al proyecto de reforma tributaria existente, con el fin de fijarle un techo aceptable al costo fiscal de la paz? La respuesta no es obvia y las implicaciones políticas de irse por uno u otro camino son bien diferentes. De entrada, es sensato pensar que el impuesto al patrimonio continuaría, ya no como un impuesto de guerra sino uno de paz.