Por: María Elvira Samper

El frenazo de la Corte

Con un simple trino —tan de moda—, la Corte Constitucional comunicó la decisión sobre la adopción igualitaria, que fue como un frenazo porque ni avanzó hacia la adopción sin restricciones, ni retrocedió para negarla de plano, sino que por cuenta de una votación 5-3 mantuvo la posición de que sólo es posible la adopción conjunta, es decir, cuando el menor pedido en adopción es hijo biológico de uno de los miembros de la pareja.

Salomónico, tibio o cobarde —cada quien lo califica según su saber y entender—, el fallo no cierra el debate. Primero, porque está pendiente el pronunciamiento del alto tribunal sobre una demanda similar, sustentada en argumentos sólidos sobre el interés superior de los menores —no alegado en la tutela objeto del fallo—, y segundo, porque está abierta la vía del Congreso, pues no sólo la sentencia le reconoce la competencia de legislar en la materia, sino que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, propuso que el asunto lo debata el Congreso, el senador Armando Benedetti anunció que retomará su proyecto sobre adopción igualitaria y la senadora Viviane Morales impulsa un referendo para que los ciudadanos decidan.

Así las cosas, hay más posibilidades de que la Corte quite el freno a que lo haga el Congreso, y también por dos razones: porque la ponencia sobre la citada demanda está en manos del magistrado Jorge Iván Palacio, el mismo de la tutela fallada el miércoles y defensor de la adopción igualitaria, y porque si, como es seguro, se repite el empate que hizo necesario llamar a un conjuez, el nuevo podría resultar más liberal e inclinar la balanza hacia la adopción sin restricciones.

En cuanto al Congreso, la adopción por parte de parejas homosexuales, apuesto a que naufraga por omisión, como en los casos del matrimonio igualitario y la eutanasia, o por el fuerte lobby de la Iglesia —es un secreto a voces que los jerarcas les hacen marcación cuerpo a cuerpo a quienes consideran díscolos— y a eso habría que sumar la presión del procurador Ordóñez —la reacción hecha carne y con poder burocrático— y las encuestas que revelan que la mayoría de los colombianos se oponen a que adopten los homosexuales. Sabemos que, en general, a los congresistas les preocupan más los votos y los puestos que los derechos.

Por eso la esperanza está de nuevo en la Corte Constitucional. Al fin y al cabo, gracias a sus trascendentales fallos, en los últimos 25 años los homosexuales —que luchan sin pausa y sin tregua por la igualdad— han pasado de la desprotección total al reconocimiento paulatino de sus derechos en materia civil, laboral, patrimonial, y de salud y seguridad social, entre otros. Un camino lleno de abrojos por el que el alto tribunal ha dado pasos claves en una doble dirección: la protección de los derechos individuales y el reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Un avance significativo desde una posición de respeto marginal por la diferencia sexual a una de reconocimiento jurídico y político de las parejas homosexuales —que también constituyen familia—, orientado a eliminar la distinción entre ciudadanos de primera, los heterosexuales, y ciudadanos de segunda, los homosexuales.

Un giro logrado —justo es reconocerlo— con el apoyo de magistrados conservadores, según el cual la orientación sexual no es criterio para determinar quiénes sí y quiénes no pueden acceder al ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, que de alguna manera revela cambios en la forma como la sociedad percibe a las minorías sexuales. No obstante, el fallo sobre la adopción conjunta deja a la Corte con una deuda pendiente. Una deuda con la igualdad, con la no discriminación y con el derecho de los niños a tener una familia.

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