El informe de Javier Giraldo para la CHCV

El informe del padre Javier Giraldo para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) puede ser mirado desde tres perspectivas: como un diagnóstico de las causas del conflicto armado y de su persistencia, como un intento de valoración de la rebelión y como un pronóstico de las posibilidades de éxito del proceso de paz.

Como diagnóstico, sobresale la importancia de la confrontación por el acceso a la tierra, especialmente a partir de la reivindicación de los resguardos indígenas promovida por Quintín Lame en los años 20 del siglo pasado. Además, el informe pone de manifiesto la afectación de otros derechos por la privación de la tierra, tales como la alimentación, la vivienda, el trabajo o el ingreso y la salud.

Esta deficiencia estatal en la atención de necesidades básicas se habría sostenido, a su juicio, mediante tres mecanismos de control social por parte de las instituciones colombianas: la exclusión política, garantizada por el control fraudulento del aparato electoral; la deformación de la verdad a través de los medios masivos de información, que en su opinión, y sin excepción, no son neutrales, y la ausencia de protección de la población a través de la impunidad del sistema judicial y del carácter represivo de la fuerza pública formada en la mentalidad del enemigo interno, con la participación activa de Estados Unidos, especialmente en la organización del paramilitarismo.

Esta combinación de elementos (poco matizados en el informe) habría dado lugar a un Estado esquizofrénico que con un brazo “desplaza y masacra”, mientras que con el otro brazo “denuncia, abre procesos judiciales inútiles y aprueba leyes de asistencia a las víctimas”. Además de encontrar allí la explicación del conflicto, el informe se aproxima a valorar la agudización de estos fenómenos como eventualmente justificativa del derecho a la rebelión reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. “Si bien frente a la negación de derechos debe ser posible recurrir a los derechos remediales que se expresan en la búsqueda de justicia y en la transformación participativa de las estructuras injustas, la oclusión de esos derechos remediales va legitimando progresivamente el recurso al último derecho remedial que es la rebelión o disolución de todo vínculo entre ciudadanos y Estado”, afirma, sin asomo de prudencia, el padre Giraldo.

Como pronóstico, el informe no es propiamente alentador. Le exige al Acuerdo de Paz, para que tenga éxito, el cumplimiento de tres condiciones imposibles: una democratización de los medios masivos de comunicación durante un tiempo suficientemente amplio; la creación de una nueva fuerza pública “incontaminada desde su origen” respecto de la doctrina del enemigo interno, y la aceptación de la discusión del modelo económico y político vigente. Quizás fueran condiciones deseables y convenientes. Pero no fueron pactadas en el Acuerdo. Y difícilmente habrían podido serlo, pues para lograrlas se requiere generar un mayor poder político, social y cultural que las respalde.

La construcción de una sociedad más justa, con transformaciones como esas, es precisamente el gran reto del posacuerdo y de la paz. Gracias, padre Javier.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).