El mensaje de las marchas

La corrupción fue tan sólo una excusa para que sectores políticos que se oponen al acuerdo con las Farc y al Gobierno Santos notificaran al país que de eso se tratan las elecciones de 2018, y que pueden hacer de esa agenda una carta ganadora. Y es claro que fue una excusa porque nadie en su sano juicio cree que quienes lideraron la convocatoria hayan sido precisamente adalides de la lucha anticorrupción.

Lo que convocó fue el sentimiento anti-Farc y de contera anti-Santos, el cual sigue siendo poderoso, con más veras luego del triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre, capaz de aglutinar desde el uribismo moderado (Iván Duque), hasta el más radical (diga usted una Paola Holguín); sectores del conservatismo en busca de nicho electoral, como Marta Lucía Ramírez; líderes cristianos que promueven una agenda antiliberal y homofóbica; el exprocurador Ordóñez —que representa a estos mejor que nadie—; pasando por la retórica sectaria y facistoide de un Fernando Londoño, y hasta Popeye, un sicario del cartel de Medellín ahora convertido en héroe por esa fracción de antioqueñidad que todavía glorifica a personajes del narcotráfico.

Uribe sabe todo eso, y ha logrado generar un espacio político para canalizar esa mescolanza y, de esa manera, resignificar su representatividad política y recuperar el poder presidencial que le permita imponer su visión de la terminación del conflicto armado, no como consecuencia de una salida negociada, sino de una victoria militar, como es su convicción y la de sus seguidores.

El uribismo siente que Santos les arrebató dos victorias: la militar contra las Farc luego de dos gobiernos de seguridad democrática, al ofrecer una salida negociada y concederles más de lo que merecían, y la política en el plebiscito, pues el rechazo popular fue sustituido por una refrendación política con menos legitimidad. Lo cierto es que los voceros del No pusieron al Gobierno —y al acuerdo— contra las cuerdas, pero no fueron capaces de asumir las consecuencias morales de pedir que se rompiera el proceso de paz. En esa duda le dejaron espacio a Santos para renegociar y tramitarlo por la vía política, hecho que sólo podrán detener si ganan en el 2018.

El problema es que esa agenda antiacuerdo se mezcla con otros temas, y si Uribe logra articularlos todos, estaremos ante una verdadera alianza, no sólo contra la paz con las Farc, sino también contra la Constitución de 1991 y las conquistas que se han logrado en materia de autonomía personal y diversidad. Una verdadera agenda antiliberal como la que ha triunfado en otros países.

Enfrentar esta ola neoconservadora es un tremendo desafío para los sectores que defienden el acuerdo con las Farc y una agenda más progresista —no en el sentido petrista de la expresión— y liberal, lo cual implica deponer egos y hacer converger los idearios más allá de una elección, una empresa bastante difícil dados los antecedentes de canibalismo político en la izquierda y la liviandad política y electoral del centro.

Las sociedades políticas en América Latina están indignadas con su sistema político, y polarizadas, según los resultados electorales en países como Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú. El fiel de la balanza está en no revertir los avances democráticos y consolidar un equilibrio institucional que impida el abuso del poder y la corrupción y mejore el bienestar social, especialmente de sectores excluidos de los beneficios de una globalización cada vez más incierta.

En medio de esta polarización, las marchas del sábado pasado envían el mensaje de que no será posible consolidar el acuerdo —y empezar a construir la paz y la reconciliación— sin un escenario en el cual las demandas de quienes se oponen a la paz en los términos planteados sean recogidas e incorporadas. Una opción ganadora distinta del uribismo tendrá que tener eso en cuenta o le será muy difícil tener gobernabilidad.

@cuervoji