Por: María Paula Saffon

El misterio de las zonas de reserva campesina

Ahora que la protesta campesina adoptó connotaciones nacionales y exige respuestas de fondo, valdría la pena analizar con cuidado la propuesta de las zonas de reserva campesina (ZRC).

Hay buenas razones para mirar con cautela las ZRC. Pero esas razones no deberían llevar a la conclusión de que las ZRC no deben existir, sino más bien de que estas deben ser manejadas de modo adecuado para que produzcan los fines para los cuales se crearon. Si ello sucede, las ZRC pueden convertirse en una buena alternativa para proteger a los campesinos contra el despojo y así garantizar su participación sostenida en el mercado agrario.

La figura de las ZRC fue creada en 1994 para fomentar y proteger la propiedad campesina. La idea es sacar ciertas tierras del mercado para entregarlas a comunidades y limitar su enajenación. Al sacar las tierras del mercado, se reducen sustancialmente los incentivos de despojo que genera la valorización de la tierra. Su entrega a comunidades con títulos firmes e inalienables disminuye, a su vez, los riesgos de pérdida de la tierra generados por la necesidad económica, la posesión precaria y la ausencia de organización del campesinado. De ese modo se busca garantizar que las comunidades campesinas retengan sus tierras y puedan aprovecharlas económicamente.

Las ZRC no son una innovación institucional. Con algunas variaciones y nombres diversos (ejido en México, corporación campesina en Perú), este tipo de institución pululó en las reformas agrarias latinoamericanas de mediados del siglo XX y tuvo, también, el fin de defender la propiedad campesina contra el despojo, que en muchos casos fue sistemático durante fines del siglo XIX y comienzos del XX con motivo del primer boom exportador de la región.

Muchas de esas propuestas fueron victoriosas en países como México, Bolivia y Perú. El problema fue que en algunos casos, una vez creada la propiedad colectiva, el estado se mantuvo alejado de esas zonas y sólo estableció contactos clientelares con ellas. En otros casos, la propiedad colectiva no permitió repartos individuales de tierras dentro de las zonas reservadas, lo cual obstaculizó la explotación productiva.

Por ello, muchos afirman que las adjudicaciones de tierras colectivas vía reforma agraria generaron nichos de pobreza y ausencia del Estado, que fueron aprovechados por las élites para la compra o manipulación de votos a través de dádivas ocasionales (ver, por ejemplo, el libro de Deborah Yashar sobre Centroamérica y los análisis de Beatriz Magaloni sobre México).

En lugares con conflicto, como Colombia, tales nichos podrían llegar a ser controlados por actores armados que compiten con el Estado. Eso explica que muchos vean en las ZRC potenciales repúblicas independientes. Ahora bien, esta visión ignora que las ZRC buscan justamente enfrentar los efectos que la violencia ha tenido sobre el campesinado, protegiéndolo de nuevos despojos mediante la tenencia de títulos firmes de propiedad y recuperándolo del olvido mediante el apoyo estatal al desarrollo productivo y social.

El funcionamiento adecuado de las ZRC requiere que haya presencia fuerte del Estado no sólo a través de su aparato represivo, sino también y sobre todo a través del suministro de servicios sociales en igualdad de condiciones, y en particular de apoyos institucionales que promuevan la productividad agraria. Los campesinos del Catatumbo piden precisamente eso: más y no menos Estado.

El riesgo de las ZRC parece ser más la negligencia o el actual clientelar de los políticos que la lucha autonómica de las comunidades campesinas.

 

 

María Paula Saffon ** Candidata al doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Columbia.

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