Por: Paloma Valencia Laserna

El nuevo alcalde

Se posesionó Gustavo Petro. Se trata de un ensayo interesante para la ciudad; un exguerillero, batido en las lídes de la política, pero que no ha gobernado; y que cree tener una visión que transformará a Bogotá, a pesar de haber sido elegido por menos del 30% de sus habitantes con derecho al voto.

La relación del entrante alcalde con la saliente alcaldesa fue tensa. Luego del discurso entusiasta de López, Petro olvidó o decidió no saludar ni despedirse de ella en el suyo. La única alusión que hizo sobre López, fue recriminándola por el aumento de $50 pesos en la tarifa del Trasmilenio. La falta de caballerosidad y la pelea por un decreto que él puede derogar sin ninguna dificultad, fue inapropiado. Pero esas son las formas de cada uno.

El discurso de posesión de Petro está ajustado a los tiempos que nos ha tocado vivir por su serio compromiso ambiental. Me gustó su aproximación a la ciudad respetuosa del agua, aplaudo la protección de los páramos con los recursos de las regalías y la -ya trajinada- idea de descontaminación del río Bogotá. Sin embargo, el discurso carece de propuestas concretas. Por supuesto, se trata de una presentación inaugural, pero esperaba avances sobre los temas que el alcalde venía ventilando en entrevistas.

El alcalde presentó dos temas centrales –agua y seguridad- con la misma vaguedad; hay dos propuestas apenas esbozadas, por lo que parece apropiado hacer algunas preguntas con el animo de profundizar el debate y adentrarnos en aquellos aspectos que irán perfilando el tenor de las decisiones.

Sostiene Petro que el agua es y debe ser un derecho. Concuerdo con la idea, pues debe ser misión del Estado garantizar el acceso al mínimo vital de todos los ciudadanos. Dejando de lado el argumento de que los bogotanos no pagamos por el agua, sino por el tratamiento y la distribución, es atrayente aspirar a la gratuidad del mínimo vital que pareció sugerir el alcalde. Sin embargo, digo pareció, pues olvidó el alcalde mencionar que eso para el estrato uno ya es una realidad en Bogotá; la alcaldesa López presentó ante el Concejo el acuerdo que ya fue aprobado. Habló Petro de ampliarlo al estrato dos; pero debió referirse a cuestiones más de fondo: ¿e starán los otros estratos obligados a asumir este costo? La pregunta es relevante, en la medida en que si es un derecho, todos sin importar el estrato, deberían tenerlo de manera gratuita; ¿sucederá? Tendría, entonces, el alcalde que sacar fondos del presupuesto del Distrito; y ahí conviene saber cuál de los gastos que tiene el Distrito hoy va a ser reducido o con qué nuevo ingreso se financiará su costo.

En el tema de la seguridad, que es también fundamental para la ciudad, la única propuesta concreta es la prohibición del porte de armas. Aquella parece una medida poco eficaz. Quienes tienen armas legales –lo que no es fácil en nuestro país- las tienen, en general, no para agredir sino para defenderse. Están las estadísticas que muestran que la gran mayoría de los crímenes se cometen con armas ilegales. Pero más allá de esta cuestión; vale resaltar que esta prohibición está imponiendo una jerarquía de valores a los ciudadanos: los obliga a la renunciar del derecho de defensa y a soportar el ataque de los violentos; lo cual tiene serios vicios de inconstitucionalidad.

Ante un robo, una violación, un secuestro  u otro tipo de ataque, la víctima puede optar por dos caminos; aceptar el ataque y soportarlo estoicamente –lo que incluso encuadraría con una postura pacifista. La segunda alternativa es intentar repeler el ataque; para lo cual el arma es un elemento esencial, pues permite poner la situación en condiciones de igualdad; le da a la víctima la posibilidad real de defender su vida o su integridad física; o incluso de arriesgar su vida por proteger derechos que puede considerar más importantes. Desarmada toda la población, sólo quienes tienen armas ilegales estará armados; así que lo que se consagra es que los ciudadanos que no quieren estar en la ilegalidad están obligados a tener una conducta pasiva y a renunciar a su derecho de defensa.

¿La decisión sobre cuál alternativa escoger –pasiva o de defensa- debería corresponder al ciudadano o puede el Estado suplantar la decisión del ciudadano y lo obligarlo a una actitud determinada? ¿Puede el Estado suprimir el derecho de defensa de los ciudadanos?

Obligados al desarme, la responsabilidad del Estado sobre la protección se hace más grande, pues asume también la responsabilidad de haber prohibido la defensa. Por lo tanto, cabe preguntarse si el Estado tendrá que responder por las fallas de protección; ¿cuánto le costará al Distrito?

@PalomaValenciaL

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