El orden alfabético

Los otros días, exasperado ante las declaraciones tanto del fiscal como de voceros del alto Gobierno sobre la supuesta no sistematicidad del asesinato de líderes sociales, uno de ellos espetó en Twitter: “¿Qué quieren? ¿Que nos maten en orden alfabético?”.

La idea de que surgieran en Colombia matones gramaticales, que preservaran precisamente ese orden, no es extravagante, pero tampoco necesaria. El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria acaba de terminar un informe sobre el asesinato de líderes rurales, una subcategoría de la de los sociales. Uno de sus principales hallazgos —de lejos no el único— es que este fenómeno, que mancha al país, pone en duda la soberanía del Estado sobre el territorio y desestabiliza cualquier proceso de paz que merezca ese nombre, es sistemático a más no poder.

El quid del asunto reside en que sistemático tiene, tanto ante los diccionarios como ante el derecho internacional, dos acepciones básicas. Primero, que ocurre de acuerdo a un plan. No se han presentado evidencias de que exista un plan nacional, aunque ciertamente podrían existir planes regionales de exterminio. Claro, esto habría que demostrarlo. Pero hay una segunda acepción, de hecho la más importante: que ocurre con regularidad. Bueno: el asesinato de líderes sociales en Colombia ocurre con la regularidad de un metrónomo. Que tenga lugar un evento de estos en un período de tiempo dado (digamos, un trimestre) es absoluta, abrumadoramente previsible. Tengo el terrible sabor de haber hecho esa afirmación en el evento de lanzamiento del informe del Observatorio el viernes pasado, y encontrarme poco después con la noticia de que habían matado a Bernardo Cuero, líder de la mesa de víctimas de Malambo. Pero toca insistir, porque esa es la cruda situación en la que nos encontramos. Me queda difícil hallar en toda la vida social colombiana un fenómeno más sistemático, esto es, que ocurra con mayor regularidad.

Claro, se trata de un delito complejo, que no se puede acabar simplemente prohibiéndolo por decreto. Pero sí se necesitan políticas públicas que vayan mucho más allá de los avances reales, es verdad, pero limitados, lentos y parciales que hemos observado en los últimos meses. El primer paso para poder desarrollarlas consiste en que desde el Gobierno y la Fiscalía y demás agencias relevantes se reconozca franca y abiertamente la sistematicidad del fenómeno, una característica que sólo alguien dispuesto a no ver bajo ningún motivo la evidencia existente podría negar. De hecho, el informe del Observatorio muestra cómo alguien que ajustara racionalmente sus creencias hubiera aceptado la sistematicidad hace rato, incluso si hubiera comenzado siendo extremadamente escéptico frente a ella.

El informe propone otras varias medidas de política pública que se pueden implementar ya, y que permitirían comenzar a dar respuesta a los problemas más inmediatos. Rumiando sobre la retroalimentación recibida durante el evento de lanzamiento del informe, así como sobre conversaciones acerca del tema con colegas y amigos, se me ocurre una propuesta: impulsar una declaración entre todos los partidos políticos relevantes en el país, condenando el fenómeno y comprometiéndose a buscarle soluciones. Creo que aunque no sea EL remedio (este no existe; se necesitan muchas medidas y acciones convergentes), podría hacer una contribución real.

Los otros días tuve la agradable sorpresa de ver cómo Marta Lucía Ramírez lanzaba un tuit condenando el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Tengo la convicción de que es urgente para todos los colombianos aprender a traspasar las fronteras invisibles de adscripciones y creencias, y a construir interacciones posibles y constructivas alrededor de problemas básicos. El tuit de Marta Lucía sugiere que aquí habría un espacio real sobre el cual operar.

Como fuere, las recomendaciones más de fondo están ya en el informe. Es hora de comenzar a enfrentar el problema en serio. Ya.