En el país de la raposería jurídica

Antieditorial
27 de julio de 2015 - 12:28 a. m.

Debo advertir que simpatizo ampliamente con las opiniones del papa Francisco, quien nos advierte, en su reciente gira, sobre el grave daño que las ideologías le han hecho al bienestar de los pueblos, con lo cual debe quedar claro que este escrito no se hace por simpatía personal alguna, sino por discrepar de la sesgada costumbre colombiana de buscarle el pierde a todo aquel cuyo poder o ideas nos mortifican.

En efecto, llama la atención que, después de muchos años de estar vigente la actual Constitución, y con el reciente antecedente de un procurador reelegido, como es el caso del señor Edgardo Maya, quien, incluso, se dio el lujo de decir que tenía los votos y el beneplácito de una alta corte para una segunda reelección por la que él no quiso optar, sólo ahora ciertos “estudiosos” del derecho salgan con las trasnochada teoría de que la reelección del actual procurador es inconstitucional.

Ello, más que una reparación a un presunto daño constitucional, lo que parece es una vindicta en contra del funcionario por su fundamentalismo político religioso, pues en el momento de su segunda postulación, cuyo “honor” se peleaban las altas cortes con la simpatía del presidente Santos, nadie esgrimió tales argumentos.

En ese escenario, el procurador tenía un gran poder y ante él se inclinaban los principales exponentes del establecimiento, lo cual pudo advertirse con el espectáculo medieval del matrimonio de su hija con una fastuosa ceremonia de la cual todos querían participar.

Las cosas empezaron a cambiar cuando se eligió al actual fiscal, quien comenzó a cooptar espacios tanto en el Ejecutivo —recuérdese el desconsiderado maltrato a Gómez Méndez hasta provocar su salida como ministro de Justicia— como en las altas cortes y la Secretaría de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, adobado con un liderazgo jurídico heterodoxo de apoyo al proceso de paz, que unas veces fungía como eminencia jurídica del entorno presidencial y otras como agitador de plaza pública en contra del llamado proyecto de equilibrio de poderes.

Cuando el procurador reacciona al sentirse acorralado y surge como contradictor del proceso en curso, de repente aparecen conceptos que en otra época se llamaban raposería jurídica, y se monta algo parecido a una conspiración conceptual para tratar de sacar de en medio a tan incómodo funcionario, para lo cual un magistrado no vacila en cambiar el sentido de una ponencia favorable al procurador después de celebrar algunas reuniones con su público contradictor.

Después de haber presenciado el largo pugilato entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia, con los reparos que esta última le hacía a cuanto candidato aquél sometía a consideración para la elección de fiscal, en el nuevo gobierno la opinión fue sacudida con una elección, que luego fue tumbada por el Consejo de Estado, por un eventual prevaricato. No es raro que, en la hora actual, suceda algo similar, no para elegir, sino para castigar a quien se sale del redil. 

 

 

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