El pasado no perdona

DESPUÉS DE CONOCIDA LA DECISIÓN del Consejo de Estado que anuló el ilegal decreto de convocatoria a sesiones extras del Congreso, durante las cuales se hundió la tramposa reforma a la justicia de 2012, el presidente Santos, con su visión de economista que detesta a los abogados, le dijo al país que este fallido intento por transformar la justicia a sangre y fuego era cosa del pasado.

Que Santos no quiera que se vuelva a hablar de un asunto que por culpa de su precario equipo de juristas se volvió un enredo gigantesco —en lo cual no le falta razón—, no puede significar que tengamos que olvidarnos de todo lo que ocurrió hace un par de años, menos ahora que estamos transitando el tortuoso camino de reformar de nuevo la justicia.

En efecto, nada de lo que pasó puede olvidarse, porque si no nos vuelve a ocurrir lo mismo. Para empezar, el Gobierno debería tener aprendido que un proyecto de reforma de los poderes y privilegios de las altas cortes conducido de la mano de los magistrados, está condenado al fracaso o a que resulte siendo un canto a la bandera. Esa lección no se ha aprendido, y por cuenta de ese imperdonable olvido podría ocurrir que se apruebe una reforma que fundamentalmente apuntará a cambiarles unos pocos nombres a ciertas instituciones, pero para que todo siga igual.

Sin duda el proyecto de equilibrio de poderes acertó en prohibir de nuevo la reelección presidencial. Pero esos voraces magistrados de altas cortes ya lograron que no les cercenen sus facultades electorales y por eso hoy estamos ad portas de que se cree un tribunal de aforados en cuya selección intervendrán los mismos funcionarios que deben ser vigilados y juzgados. Lo mismo con distinto rótulo.

Imposible olvidar los atropellos que en 2012 utilizó el Gobierno para enmendar su error de impulsar la anterior reforma a la justicia. Para la historia de las atrocidades constitucionales quedará enmarcado el abuso presidencial de haber objetado un acto legislativo, para impedir que rigiera una reforma cocinada dentro de la Casa de Nariño. Ni siquiera el dictador Rojas Pinilla, ni tampoco Laureano, acogieron la bochornosa solución de objetar una reforma constitucional.

Por fortuna el Consejo de Estado declaró la ilegalidad de esa brutal decisión de objetar la reforma constitucional. Lo que esta corporación decidió no fue solamente anular un decreto que convocaba a unas sesiones extras ilegales, sino que censuró para siempre la arbitrariedad de desconocer el poder soberano del Congreso de reformar la carta política. Eso, señor presidente, no se nos olvidará, pero sobre todo tampoco lo podrán ignorar los mandatarios del futuro, para que no tengamos que ser testigos de que alguno vuelva a sucumbir a la ambición totalitaria de sentirse emperador.

¿Dónde andan ahora los ampulosos asesores constitucionales de Santos I que fraguaron esta histórica fractura a la Carta Política, que entonces se ufanaban invocando su condición de conocedores máximos y únicos de la Constitución? Ellos dirán que en todo caso se salieron con la suya porque impidieron que el esperpento rigiera. Esa es la cultura del atajo constitucional, a la que no le importa lo que haya que hacer, con tal de obtener el resultado. Seguramente esos sofisticados consejeros hoy aspiran a que pase inadvertido el hecho incontrovertible de que, salvo un solo consejero, en la sentencia que acaba de proferir el Consejo de Estado no hubo ningún otro magistrado que considerara ajustada a la Constitución la maroma de un presidente objetando una reforma constitucional. ¡Por algo será!

Adenda No. 1. Dijo Uribe en el debate del que se fugó para honrar la costumbre de sus subalternos, que recientemente recibió información de inteligencia militar contra el senador Chamorro. ¿Quién le da información reservada al senador escurridizo?

Adenda No. 2. ¿Qué diría el abuelo de la novel senadora Paloma Valencia, el expresidente Guillermo León Valencia, del airado discurso de su conspicua nieta declarando en tono grave que el mejor presidente ha sido Álvaro Uribe?