El problema no es la fe

Se ha desatado una fuerte polémica por cuenta de una decisión de la Corte Constitucional que obliga a la Procuraduría a rectificar informaciones médicas falsas e interpretaciones judiciales soslayadas en relación con el tema del aborto.

La polémica apenas comienza, entre otras cosas porque me temo que el procurador no va a rectificar y que va a convertir este asunto en un supuesto ataque político en su contra, promovido, según él, por ateos fundamentalistas y enemigos de la religión católica.

Empiezo diciendo que todos los funcionarios públicos tienen derecho a tener sus creencias religiosas; incluso tienen derecho a que dichas creencias influyan en las decisiones que toman como funcionarios públicos, siempre y cuando lo hagan dentro del margen de interpretación razonable que permiten la Constitución y la ley. Así que ser católico, ateo o budista no es una condición que, en principio, afecte el buen ejercicio de las funciones públicas. Ese no es el problema con Ordóñez.

Lo que exaspera del procurador no es su fe (la mayoría de los católicos son personas razonables y respetuosas de los derechos de quienes piensan diferente), sino su convicción de que lo que consagra la Biblia prima sobre lo que dice la Constitución. Es su manera solapada de torcerle el cuello a la Constitución para someterla al imperio de sus convicciones lo que irrita a sus contradictores.

El señor Ordóñez, como ciudadano, tiene todo el derecho a pensar eso (que la Biblia es la norma fundamental), a difundirlo, e incluso a liderar un partido político que lo promueva y que busque, por la vía electoral, convertir este país en una teocracia. Lo que molesta es que pretenda hacer todo eso siendo procurador. Ningún Estado resiste que los funcionarios públicos quieran hacer la revolución saboteando, desde dentro, sus propios cimientos legales. Herbert Hart, el gran teórico inglés del derecho, decía que ningún ordenamiento jurídico puede subsistir sin dos condiciones: primera, que los ciudadanos cumplan el derecho, así sea por las malas (a punta de sanciones), y segunda, que los funcionarios públicos cumplan el derecho por las buenas (sin necesidad de sanciones). Los contradictores y los enemigos de la Constitución no pueden estar encargados de aplicarla. Eso es tanto como dejar a los ratones cuidando el queso.

Si el procurador fuera, digamos, ateo y partidario de ampliar las causales de despenalización del aborto (no sólo las tres previstas hoy por la Corte) y para imponer su convicción dijera mentiras, falseara información y malinterpretara la jurisprudencia de la Corte, si hiciera eso, repito, yo, que comparto esa ampliación de causales, estaría en desacuerdo con él y lo diría con igual fuerza que lo digo ahora contra Ordóñez.

Pero si a Ordóñez le diera por fundar un partido político monárquico para cambiar la Constitución, yo defendería su derecho a que lo intentara. Manifestaría, eso sí, mi total desacuerdo con ese proyecto; pero me opondría con la misma convicción a todos aquellos que quisieran impedirle que participara en el debate público.

Así pues, éste no es un debate entre dos dogmatismos, el de ellos y el de nosotros; ni siquiera es un debate entre creyentes y ateos. Este es un debate entre quienes pretenden, desde los altos cargos del Estado, acomodar, a punta de engaños, la Constitución a sus creencias y quienes creemos que todo funcionario público debe acatar la Constitución o, en caso contrario, cuando sus convicciones se lo impidan, renunciar a su cargo y someter sus creencias al debate electoral.