Eduardo Sarmiento 29 Abr 2012 - 1:00 am

Ante la propuesta del gobierno Santos

El programa de vivienda gratis

Eduardo Sarmiento

El Gobierno anunció que entregara 100 mil viviendas sin compensación a los sectores más pobres de la población.

Por: Eduardo Sarmiento
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La decisión es interesante, pero está llena de interrogantes. Típica idea económica deformada por fines políticos.

La discusión ha girado sobre la disponibilidad de tierras y la financiación, las cuales no constituyen mayor obstáculo para construir las 100 mil viviendas, porque representan una pequeña fracción del déficit habitacional y de las metas oficiales. El problema está en el reducido tamaño del programa.

Desde tiempo atrás he sostenido que los subsidios de vivienda fueron mal concebidos por la tendencia centralista. La subvención se entrega en efectivo al beneficiario, condicionada a que el resto se cubra con un crédito. Así, la escogencia de los beneficiarios queda por cuenta del sector financiero. Por su parte, los bancos ven a los usuarios de interés social como sujetos de alto riesgo y, en general, buscan toda clase de procedimientos para eludir la obligación. Por eso, las ambiciosas metas de vivienda de todos los gobiernos se han incumplido garrafalmente.

En lugar de reformar en su conjunto el sistema fallido, el Gobierno intenta corregir la deficiencia estructural del sistema para un grupo reducido, asumiendo la totalidad de la financiación y pasando la selección de los beneficiarios a los alcaldes. En el fondo, está rectificando el programa de vivienda contemplado en el plan de desarrollo. Allí se estableció una meta de 560.000 viviendas de interés social para los cuatro años, es decir, 140 mil por año, y la ejecución no es ni 30%. La diferencia es que ahora, con la nueva modalidad, aumenta el monto del subsidio a cambio de reducir el número de beneficiarios potenciales.

En las declaraciones oficiales se habla de un programa de $3,7 billones, que aparentemente es una suma grande, pero que no dice nada si no se relaciona con el tiempo. De acuerdo con el ministro de Hacienda, las viviendas serían construidas por firmas que recibirían el pago cuando se entregue el producto terminado y con un plazo de cuatro años.

En todo esto no falta el protagonismo. El programa se infla con cifras y anuncios efectistas, que no tienen representación en la realidad. No se trata de un gasto de $3,7 billones que se repite cada año, sino de un gasto anual de $600 mil millones durante seis años. La erogación presupuestal anual es sólo de 0,1% del PIB, y se financiará con el incumplimiento de la meta de subsidios de viviendas de interés social.

Lo más grave es que no existe un marco institucional que garantice la asignación de las viviendas con criterios técnicos. Los beneficiarios serían escogidos por los alcaldes dentro de un marco complejo; los individuos que cumplen con los requisitos para acceder al privilegio son mucho mayores que la oferta. De hecho, se configura una renta que puede apropiarse con propósitos políticos.

La idea enfrenta serias dificultades de aplicación. Su sostenibilidad y transparencia sólo se lograrían dentro de un marco general que garantice la entrega de la vivienda a todas las personas que cumplan los requisitos, es decir, a los más pobres. En tal sentido, el volumen de viviendas tendría que ser mucho mayor, el período de aplicación de varios años y la erogación presupuestal anual de más del 1% del PIB. Adicionalmente requeriría de una severa fiscalización y rendición de cuentas para evitar la corrupción y el clientelismo.

En fin, el programa de vivienda gratis adolece de los mismos problemas de dimensionamiento de las leyes de tierras y el primer empleo. Las iniciativas sociales del Gobierno se presentan dentro de grandes despliegues y titulares, pero sin comprometer los recursos y las instituciones que aseguren el cumplimiento.

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