El referéndum griego o la tragedia de la democracia inexistente

Toda tragedia nace de una elección de la que se derivan terribles consecuencias para los personajes. En unos casos, la elección no la toma el personaje, sino los dioses, mostrando que, a fin de cuentas, todos somos marionetas del destino. En otros, la elección le corresponde al personaje, como ocurre con Antígona, que debe elegir entre sus obligaciones como ciudadana y como hermana devota. Es este último caso el que se relaciona con la democracia: las tragedias en las que las circunstancias obligan a hacer elecciones que siempre conllevan renuncias. El personaje es dueño de su elección, pero elija lo que elija está abocado al dolor y a la permanente inseguridad de no saber si hizo lo correcto porque no existe ningún orden externo, ninguna autoridad superior que se lo diga. Por eso la democracia exige independencia, soberanía, porque solo un poder que no reconoce superior puede tomar decisiones.

Lo que se pregunta a los griegos este domingo es qué tragedia prefieren. Si aceptan resignadamente que su dependencia del dinero ajeno supone acatar la política de los prestamistas y que sus instituciones nacionales son meras ejecutoras de las decisiones que ellos marquen, de suerte que todo el ciclo de protestas y movilizaciones que viene produciéndose desde hace un lustro, es como el afán sin objeto de los personajes de las tragedias cuyo destino ya ha sido decidido por los dioses. O si todavía creen en la independencia nacional y el valor de tomar las propias decisiones, asumiendo las terribles consecuencias con que les amenaza sus socios de la Unión Europea.

Los viejos republicanos ingleses temían la dependencia por encima de todo. Un hombre que depende económicamente de otro no es libre. Del mismo modo, una sociedad basada en la dependencia económica no puede ser una sociedad libre, sino sometida al arbitrio de los poderosos. Por eso miraron con recelo las modernidades de su tiempo: primero, el surgimiento de los empleos y negocios estatales, que creaba un ejército de lacayos del monarca. Después, la expansión del trabajo asalariado que la revolución capitalista traía consigo y que convertía en dependiente a la inmensa mayoría del cuerpo social. Los viejos republicanos ingleses fueron los primeros en darse cuenta de que el capitalismo era incompatible con "la libertad", con independencia de que, para poder implantarse, exigiera el reconocimiento jurídico formal de "algunas libertades"

En su consolidación como sistema-mundo, el capitalismo no solo necesitaba trabajadores económicamente dependientes, sino también estados que perdieran su independencia económica. Y el método no bélico contemporáneo para lograrlo es la deuda. Una vez que el endeudamiento adquiere un cierto nivel, para poder hacer frente a sus créditos el estado necesita de reestructuraciones o rescates, mecanismos a través de los cuales los acreedores imponen políticas, medidas y resultados macroeconómicos. Estos mecanismos se presentan como legítimas garantías que el acreedor impone al deudor para asegurar el cobro de su crédito. Pero esto es, en buena medida, falso, porque por lo general la mayor parte de las nuevas inyecciones de liquidez sirven para pagar el servicio corriente de la deuda y, por tanto, para reproducir la dependencia económica, no para solucionarla. Si de buscar una solución se tratase, hace ya tiempo que los estados estarían al menos negociando un régimen jurídico internacional de la bancarrota, exactamente igual que sucede con el concurso y la quiebra en las relaciones crediticias entre particulares.

Así las cosas, estos mecanismos, antes que garantías económicas, son garantías políticas: instrumentos para generar y reproducir la dependencia económica de las naciones y extender en el tiempo la pérdida de soberanía económica hasta conseguir que se vea como algo “natural”. Exactamente como ocurrió con el trabajo asalariado.

Ahora bien, como garantías políticas que son, tienen un punto débil: en principio, un acuerdo político en sentido contrario tomado dentro del país endeudado pondría patas arriba todo el sistema. La experiencia de América Latina en los últimos 15 años pone de manifiesto como un cambio político interno consigue fuertes reducciones de la dependencia económica exterior a través de la deuda. Este peligro ha intentado combatirse en Europa de dos maneras contradictorias:

De una forma civilizada, dando una forma de tratado internacional a los acuerdos (como es el caso de los Memorandos de Entendimiento en los rescates europeos) para predicar la obligatoriedad del acuerdo ante la posibilidad del cambio político. Esta es la idea que transmiten dirigentes europeos como el vicecanciller alemán Sigmar Gabriel cuando dice que lo que pretenden los griegos es cambiar unilateralmente las reglas del juego.

Pero si concebimos el derecho internacional como un sistema, coincidiremos en que en su cúspide deben estar los derechos humanos y que acuerdos, por muy internacionales que sean, que impidan u obstaculicen la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un estado, no pueden considerarse internacionalmente obligatorios al mismo tiempo que se consideran obligatorios los derechos humanos. La cantidad de informes que denuncian la incompatibilidad de las normas de austeridad fiscal impuestas a los países rescatados con sus obligaciones en materia de derechos humanos, es abrumadora.

De forma salvaje, a través de la coacción, la amenaza y, en el mejor de los casos, la presión política. En Europa, esta forma de violencia ha alcanzado cotas insospechadas: apenas se anunció el referéndum griego, el Banco Central Europeo cortó la inyección de liquidez al sistema bancario griego, forzando a declarar un control de capitales y creando el peor escenario imaginable para tomar decisiones sosegadas y meditadas: filas en los cajeros automáticos; excusas para no pagar los salarios de junio; cierre forzoso de las sucursales bancarias y el anuncio de la patronal bancaria de que el dinero disponible en los bancos se agotará el lunes.

No es solo que la Unión Europea se haya revelado como una organización tan profundamente antidemocrática que algo evidente desde el punto de vista de las exigencias democráticas, como es preguntar a los ciudadanos sobre decisiones que están cambiando de forma definitiva sus vidas y las de sus hijos, se convierte en un “desafío”, una “irresponsabilidad” y en una “quiebra de las reglas del juego”.

No es solo que a la hora de rescatar los Estados miembros antepongan su condición de acreedores a su condición de socios, despertando serias dudas sobre los verdaderos principios que rigen la Unión.

Lo verdaderamente trágico es que el oscurantismo con el que se negocia en Bruselas junto a las grandes deficiencias en la arquitectura jurídica de la unión monetaria, provocan que realmente no podamos saber qué es lo que están decidiendo los griegos. Ni siquiera si en realidad están decidiendo algo.

Desde un punto de vista económico, no hay caso. El fracaso de la austeridad impuesta a Grecia es evidente: Grecia ha perdido un 25% de su riqueza; tiene un desempleo del 26%, que en los jóvenes llega al 60%; ha incumplido el pago del tramo de la deuda con el FMI que vencía el 30 de junio (y que puede honrar aún durante un periodo de 6 meses); y está abocada a una reestructuración de la deuda y a un tercer rescate.

Lo que está realmente en juego es un problema político. Cuando la izquierda ganó las elecciones generales griegas, el mandato electoral era claro: conseguir relajar las condiciones de austeridad, pero sin salir del euro. Si el presidente griego Tsipras conseguía una rebaja sustancial en las exigencias de sus socios europeos e incluso una reestructuración de la deuda, algo que desde el punto de vista económico se daba por descontado, el mensaje que se mandaba a los electores europeos era claro: voten gobiernos de izquierda, que el desafío a las instituciones europeas paga.

Pero el desafío como táctica política operativa es precisamente lo que Angela Merkel quiere desactivar mediante su modelo de “Europa robusta”. Para conseguirlo, la eurozona se ha esforzado desde el otorgamiento del segundo rescate en tomar las medidas necesarias para reducir al máximo los efectos de una hipotética salida de Grecia del euro y, con ello, de la capacidad de presión del gobierno griego.

De ahí que el proceso negociador para la extensión del rescate con condiciones distintas acabara abruptamente en un ultimátum al gobierno griego para que aceptara la última propuesta del eurogrupo. Si Tsipras hubiera aceptado la propuesta, la mayoría de gobierno se rompía y Grecia estaba abocada a un adelanto electoral en el que la amenaza de la salida del euro habría funcionado como condicionante del voto. Si Tsipras convocaba una referéndum, como le exigía una parte de su propio partido y amplios sectores de los movimientos sociales, la amenaza funcionaría igual para forzar la derrota de Tsipras, su dimisión y la conformación de un gobierno técnico que, según algunas fuentes, ya se estaría negociando en Bruselas. Se aplicaría así el modelo que en 2011 provocó la formación de gobiernos “técnicos” genuflexos a los mandatos de Bruselas en Grecia con Lukas Papademos y en Italia con Mario Monti.

Si el “no” venciera en el referéndum, la economía griega se encontraría con una asfixia financiera que solo el Banco Central Europeo puede remediar y con la imposibilidad de pagar el 20 de julio los 3.400 millones de euros del vencimiento del rescate de 2012, impago que probablemente se utilizaría como excusa para forzar su expulsión del euro, algo para lo que no existe marco jurídico alguno y que por tanto sólo depende de la voluntad política de los Estados miembros.

Elija lo que elija, Grecia queda atrapada en la tragedia de la dependencia económica. Lo único que puede elegir es el margen de autonomía política con el que lo afronte. Y la única forma de tener autonomía política en al Unión Europea es recuperar la soberanía monetaria. Con todo el dolor y el sufrimiento que ello conlleva. Lo dicho. A los griegos se les pregunta qué tragedia prefieren.

* Universidad Externado de Colombia, Universidad de Extremadura (España)