El regreso de las tierras a sus dueños

CHIVOLO PARECÍA SER UN NOMBRE maldito. Se convirtió en uno de los símbolos del despojo a los campesinos por grupos paramilitares con la complicidad de funcionarios del Estado.

Allí, en parcelas que el Incora les había titulado en 1991, inició el paramilitar Jorge 40 el control a sangre y fuego del departamento del Magdalena. El 15 de julio de 1997 reunió en un rancho en la finca La Pola, en Chivolo, a los dueños de esa y otras fincas vecinas, como La Palizua y El Encanto, y les ordenó desalojar sus parcelas porque “las necesitaba para abrir la zona”. Convirtió la zona en un lugar estratégico e instaló allí su bastión paramilitar.

Pero también político. En marzo de 2001 firmaron el Pacto de Chivolo en una reunión de 400 líderes políticos de la región en la que Jorge 40 designó como candidato único para la Gobernación del Magdalena a José Domingo Dávila Armenta y señaló los candidatos para la Asamblea, concejos y alcaldías de 13 municipios. En esta reunión quedó definida la estrategia electoral para la contienda de 2002, en la que Álvaro Uribe llegó a la Presidencia y se conformó un Congreso con el 30% de representación paramilitar.

Fue tal el atropello, que Jorge 40, a pesar de haberse negado a colaborar en los procesos de Justicia y Paz, reconoció en las primeras audiencias haber ordenado el desalojo violento de los campesinos de Chivolo. A este horror se suma la manera fraudulenta y abusiva como funcionarios del recién creado Incoder, en 2003 le formalizaron los títulos a los nuevos propietarios. A través de un procedimiento administrativo declararon la caducidad de las primeras adjudicaciones aduciendo abandono de las tierras por parte de los beneficiarios, a sabiendas de la manera forzosa y violenta como debieron hacerlo, y mediante nuevas resoluciones las readjudicaron a individuos como Tuto Castro, vinculados a Jorge 40. El director del Incoder de entonces era Jaime Maroso, muy cercano a Álvaro Uribe, del grupo de ganaderos vecinos del Ubérrimo en Córdoba.

Los funcionarios que actuaron directamente pertenecían a la regional del Magdalena y quienes no hayan sido aún judicializados, con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la semana pasada terminarán en la cárcel. Ésta le ordena a la Fiscalía la apertura de instrucción por concierto para delinquir, testaferrato, enriquecimiento ilícito, falsedad, prevaricato, fraude procesal y demás delitos a quienes participaron de este despojo.

En un mes las 36 familias recuperarán sus tierras. Chivolo puede convertirse en el primer caso emblemático de la política de restitución de tierras en la que está empeñado el Gobierno Nacional en cabeza del Incoder. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia que exige la devolución de los predios en 30 días es un espaldarazo a la tarea que se ha emprendido y la blinda de cuestionamientos como los que se ha empeñado en hacer el presidente Uribe y su escudero el exministro Andrés Felipe Arias, cuando fue precisamente durante su ministerio cuando la modalidad de Chivolo se replicó en más de una región del país. Los paramilitares lograron hacer de las tierras campesinas su botín de guerra y el Estado se hizo el de la vista gorda.

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