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Andreas Forer 16 Nov 2012 - 11:00 pm

El reporte interino sobre la situación en Colombia elaborado por el Fiscal de la CPI

Andreas Forer

La CPI publicó hace pocos días un reporte que si bien no constituye una apertura formal de investigación, si incluye interesantes consideraciones y análisis sobre:

Por: Andreas Forer
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(i) La jurisdicción y competencia de la CPI respecto de algunos crímenes de lesa humanidad y de guerra, cometidos por actores oficiales y no oficiales en Colombia;
(ii) La persecución judicial de crímenes de lesa humanidad y de guerra en la jurisdicción interna;
(iii) Las deficiencias en las investigaciones internas sobre delitos sexuales y desplazamiento forzado;
(iv) Los esfuerzos contenidos en el marco jurídico para la paz relativos a la priorización de investigaciones en contra de los máximos responsables dentro de cada grupo armado; y, finalmente,
(v) Los lineamientos que guiarán las tareas de seguimiento que se desarrollarán en adelante por parte de dicha oficina.

Es preciso recordar que el documento se expide en el marco de un proceso de examen preliminar adelantado por el Fiscal de la CPI desde el año 2004, con ocasión de 114 comunicaciones que dan cuenta de supuestos delitos de su competencia. Desde ese entonces dicha oficina ha estado al tanto de los delitos referidos así como de los procedimientos internos que se han seguido al respecto. Esta actividad de seguimiento se justifica en tanto, tal como se verá, en atención al principio de complementariedad, la CPI sólo adquiere competencia para judicializar ciertos crímenes siempre que se demuestre que los estados no han querido o no podido juzgar ese tipo de delitos.

La Oficina del Fiscal de la CPI considera que existe base razonable para concluir que desde noviembre de 2002 hasta la fecha, las FARC, el ELN y los grupos paramilitares han cometido serios crímenes de lesa humanidad, tales como: asesinato, tortura y violencia sexual, entre otros. Asimismo, en el referido reporte se concluye que, desde el noviembre de 2009, las FARC y el ELN han perpetrado diversos crímenes de guerra como tortura y tratos crueles, reclutamiento forzado y toma de rehenes.

Al respecto, es preciso resaltar que el Fiscal reconoce que dado que los paramilitares se desmovilizaron en el año 2006, no serán considerados partes del conflicto armado durante el periodo de competencia de la CPI sobre delitos de guerra, es decir, a partir de noviembre de 2009. Sin embargo, expresamente establece que continuará el análisis respecto de la competencia sobre el actuar de los grupos que han sucedido a los paramilitares (Bacrim). Esto último resulta de particular importancia en especial si se tiene presente que el Estado colombiano no ha aceptado oficialmente que las Bacrim son parte en el conflicto armado colombiano.

Asimismo, la Oficina del Fiscal concluye que en desarrollo de una política generalizada y sistemática, y con el objeto de presentar resultados militares y obtener financiación a sus actividades, el Ejército colombiano incurrió en asesinatos de población civil denominados “falsos positivos”. Si bien dicha práctica se ha desarrollado desde los años ochenta, lo cierto es que dentro del periodo de competencia de la CPI también se han perpetrado asesinatos de tal índole. El referido reporte también establece que existe base razonable para concluir que desde el 1 de noviembre de 2009 hasta la fecha, las fuerzas armadas oficiales han incurrido en crímenes de guerra tales como ataque a la población civil y actos de violencia sexual.

Es preciso resaltar que la competencia de la CPI está determinada, entre otros, por el denominado principio de complementariedad. En términos sencillos, dicho principio permite la articulación de la jurisdicción nacional con la competencia de la CPI: de un lado, da prevalencia a las jurisdicciones internas para que judicialicen a los responsables de crímenes internacionales y, de otra parte, sólo cuando se demuestre que el Estado no ha querido o no ha podido llevar a cabo dicha tarea, permite que la CPI ejerza su competencia sobre tales crímenes.

Pues bien, en relación con la judicialización de los anotados crímenes, la Oficina del Fiscal reconoce que se han adelantado procesos judiciales en la jurisdicción ordinaria que han concluido con la condena de algunos de los principales responsables por los delitos cometidos por las FARC, el ELN y los paramilitares, éstos últimos en el marco del trámite descrito en la Ley de Justicia y Paz.

En particular, sobre el proceso de Justicia y Paz, el Fiscal concluye que los procedimientos tramitados en el marco de dicha normativa han sido lentos; sin embargo, en su opinión, ello no puede dar lugar a predicar falta de voluntad o capacidad institucional para judicializar los crimines de los paramilitares. El Fiscal reconoce la dificultad en la persecución de dichos crímenes así como el esfuerzo de los Tribunales de Justicia y Paz y de la Corte Suprema de Justicia relativo a la investigación de los acuerdos entre los paramilitares y la clase política.

En tratándose de los miembros de la fuerza pública, el reporte da cuenta de procesos de judicialización en su contra y en todo caso establece que el Fiscal seguirá al tanto para verificar que se consiga la efectiva condena en contra de los responsables de la comisión de delitos de guerra o de lesa humanidad.

El esquema de persecución judicial colombiano de ciertos delitos resulta - según el informe - inadecuado, tal es el caso de los delitos sexuales y el desplazamiento forzado. Pese a las sentencias de la Corte Constitucional y las recomendaciones de naciones unidas al respecto, en su opinión, los resultados de la persecución judicial de tales fenómenos son precarios.

La CPI reconoce que el Marco Jurídico para la Paz y la Directiva 01 de 2012 expedida por el despacho del Fiscal General de la Nación constituyen un avance en cuanto a la consolidación de criterios de priorización para efectos de viabilizar la judicialización y condena de los principales responsables de las graves violaciones a derechos humanos en el conflicto colombiano.

Finalmente, en el reporte se indica que en lo sucesivo el Fiscal de la CPI seguirá de cerca lo relativo a (i) los procedimientos que se desarrollen en relación con el Marco Jurídico para la Paz, (ii) la jurisdicción y competencia de la CPI en relación con el actuar criminar de los “nuevos grupos criminales”, (iii) los procesos relacionados con la promoción y expansión de los grupos paramilitares, (iv) la persecución judicial del crímenes sexuales y del desplazamiento forzado, así como (v) los casos de falsos positivos.

De lo anterior es posible extraer diversas conclusiones. En primer lugar, se reitera que el reporte no abre formalmente investigación sino que da continuidad al examen preliminar del caso colombiano. De un lado, ello podría ser criticado por los sectores que claman la apertura formal de una investigación en la instancia internacional, mientras que, para otro sector, es evidencia del reconocimiento de la CPI a las labores adelantadas por los organismos judiciales internos en relación con la persecución de los crímenes internacionales.

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