Por: Adolfo León Atehortúa Cruz

El respiro financiero de las universidades estatales: una ilusión fallida

Con bombos y platillos se ha anunciado que, gracias a la reforma tributaria, las universidades estatales recibirán una adición presupuestal por $162.505 millones.

En efecto, se esperaba que, en virtud del artículo 184 de la Ley 1819 de 2016, reforma tributaria, las universidades públicas recibieran el 40 % de lo recaudado por medio punto del impuesto a las ventas (IVA). Y, así mismo, que por recursos procedentes del impuesto sobre la renta y complementarios (artículo 102), las universidades recibieran el 75 % de 0,4 puntos de dicho tributo, anteriormente denominado CREE.

La ilusión adquirió alas: se calcularon nuevos recursos por una cifra cercana a los $750.000 millones; se advirtió, por primera vez en muchos años, que las dificultades financieras de las universidades estatales empezaban a ser cosa del pasado; se planificaron inversiones y diversos sectores de las comunidades universitarias se anticiparon a pensar sobre los rubros prioritarios a los cuales era menester dedicar las nuevas fuentes. Los profesores mal llamados “ocasionales” encontraron la posibilidad de su justa formalización laboral; empleados y trabajadores hallaron factible la ampliación de sus plantas; los estudiantes observaron necesarias alternativas en bienestar y, todos en general, vislumbraron una superación de calidad en importantes procesos de formación, en la internacionalización y la investigación, en dotación académica, reparaciones de infraestructura e incluso en cobertura.

Todo resultó fallido. El medio punto de IVA social para la educación no significa un incremento real y no se asignará de manera directa a las instituciones de educación superior del Estado. La reforma tributaria no fue suficiente ni menos aún estructural conforme se anunció. No permitió hasta ahora la recuperación del fisco y los recaudos no admiten siquiera mantener para 2018 el presupuesto dispuesto en 2017.

Hagamos las cuentas claras: las universidades recibirán $162.505 millones, pero esa cifra incluye $32.710 que se debían y que estaban pendientes de girar por IPC e inversión para 2017. Por consiguiente, los nuevos recursos suman solamente $129.795 millones, que equivalen a un incremento cercano al 5 % de los presupuestos de las universidades estatales.

Con todo, esta adición sería una buena noticia si no viniera acompañada con otras no tan buenas. Un incremento del 5 % en los presupuestos de las universidades estatales permitiría sufragar los nuevos gastos que, por diversas sentencias de la Corte, deben cubrir en prestaciones sociales a profesores y funcionarios. Dicho recurso cobijaría, igualmente, los incrementos salariales adoptados por encima del IPC, así como el reconocimiento a la formación profesoral y su producción académica.

Pero no es así. Lo que con una mano se da, con la otra se quita. Las universidades estatales esperaban por lo menos $240.000 millones del antiguo CREE, en razón a que este mantuvo en su recaudo una cifra cercana a la obtenida en el año 2016. No obstante, tendrán $78.000 millones menos que el año pasado. ¿La razón? Muy sencilla: el 100 % de la porción correspondiente al CREE fue entregado hasta el año 2015 a las universidades estatales. Sin embargo, en 2016, el 53,6% de ese total fue directo a los Créditos Beca ICETEX, Programa Ser Pilo Paga que, en 2017, recibirá el 66,9% de lo recaudado.

He aquí una verdad de apuño, inobjetable: recursos que estuvieron destinados a las universidades estatales van hoy al sostenimiento de un programa que no les favorece mayoritaria ni directamente. Si se toma como referencia la distribución CREE del año 2015, las universidades estatales dejarán de recibir en 2017 $326.154 millones, exactamente el doble de lo que hoy se aduce como adición presupuestal.

Pero no solo eso. Por razón del artículo 87 de la Ley 30, cuyo alcance se calcula con base al crecimiento económico (PIB) del país, las universidades estatales recibirán un 16,55 % menos que el año pasado; es decir, tendrán en sus presupuestos $4.852 millones menos. Además, dejarán de recibir aproximadamente $10.000 millones en razón del descuento electoral decretado por la ley, más otros detrimentos que sería largo enumerar, como sucede ahora, por disposición de la DIAN y Minhacienda, con el 4 por 1.000 que universidades como la Pedagógica Nacional empezaron a pagar al momento de cancelar su nómina.

En conclusión, si se toma como referencia la distribución CREE 2015 y los faltantes arriba expuestos, las universidades estatales dejarán de percibir en realidad $350.000 millones y solo recuperan una tercera parte con la adición presupuestal de $129.795 millones. Esta es la cruda verdad. Los Créditos Beca ICETEX, en cambio, recibirán $434.871 millones más.

La situación es desconsoladora para las universidades estatales y devastadora para quienes, desde la dirección de las mismas, hemos procurado con nuestra labor y tesón mantenerlas viables a través de la consecución cada vez mayor de recursos propios, sin incrementar el costo de las matrículas. Por supuesto, la difícil estrategia de obtener ingresos por asesorías y extensión resulta insostenible a corto plazo, más aún cuando el próximo año viene acompañado por la Ley de garantías. Y peor aún, si desaparece el porcentaje de impuesto a la renta y complementarios que escasamente se entrega hoy a las públicas y que no se encuentra visible en el proyecto de presupuesto 2018.

El Gobierno Nacional y el Congreso de la República deben tomar conciencia de ello. Privar de recursos a las universidades estatales equivale a condenarlas a la postración en calidad, al cierre o la debacle, como empieza a suceder con la Universidad del Tolima y con otras que caminan hacia la crisis.

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.

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