El salario mínimo

Estamos, otra vez, en vísperas de la reunión anual de la llamada comisión tripartita que determina el incremento del salario mínimo y, como van las cosas, parece que se tomará una decisión que, como en años pasados, es en buena medida responsable de que Colombia tenga el desempleo más alto de América Latina y una informalidad laboral de un 60% de la población ocupada.

El vicepresidente Garzón dice que hay que ajustar el salario mínimo por encima de la inflación; Fedesarrollo argumenta que hay que subirlo en un 3%; Anif dice que en 4,1%. De acuerdo con el statu quo, cualquiera que sea la cifra que se adopte, dicha medida beneficiará solo a los formales, unos 6,5 millones de trabajadores y empleados, de un total de 20,5 millones de ocupados que hay actualmente en el país. Además, existen otros dos millones y medio de personas que están buscando y no encuentran empleo. Y, de todos los ocupados, unos 10 millones de trabajadores ganan menos de un salario mínimo. Es decir, tenemos una institucionalidad a la que parece no importarle la situación de precariedad y abandono de la gran mayoría de los trabajadores colombianos. Esta situación hay que remediarla, pues no podemos seguir con un país dual, donde hay una sociedad de primera y otra de segunda clase: los formales y los informales.

Técnicamente, lo que ha dado lugar a estas dos sociedades es que tenemos un salario mínimo que está muy cercano al salario promedio que ganan todos los trabajadores. En esas circunstancias, para poder alcanzar una formalización cada vez mayor, habría que permitir que la brecha entre el salario promedio y el mínimo aumente a lo largo del tiempo, de acuerdo con el crecimiento relativo de la productividad entre sectores formales e informales. Se trata, entonces, no de que baje el mínimo, sino de que se incrementen el salario promedio y todos los salarios formales por encima de la inflación. Eso se puede lograr si se adopta la decisión política según la cual la comisión tripartita, compuesta por los sindicatos de trabajadores formales, los grandes empresarios y el gobierno, determine no uno solo, sino dos indicadores salariales. Así, además del salario mínimo, se debería introducir otro indicador al que habría que darle un nombre como, por ejemplo, salario intermedio. Dicho salario intermedio se debería ajustar, cada año, unos puntos porcentuales por encima de la inflación, de acuerdo con el incremento de la productividad, tal como lo plantean el vicepresidente Garzón, Fedesarrollo o Anif. Para ser muy claro y no dejar dudas, quiero enfatizar que todos los salarios formales, incluyendo los que hoy en día ganan el mínimo, se deberían ajustar con este nuevo referente. Y el nuevo salario mínimo se debería ajustar por la inflación y aplicaría solo para los salarios de los nuevos trabajadores que se vinculen a partir del 1º de enero del año siguiente. Si se repite este ejercicio cada año, en poco tiempo se habrán formalizado millones de trabajadores. Pero, además, esta fórmula tiene beneficios adicionales. Políticamente debería ser aceptada por las centrales obreras y los grupos políticos, porque los ajustes del llamado salario intermedio serían exactamente iguales a los que, hasta hoy, se realizaban de acuerdo con el viejo salario mínimo. Esta fórmula puede no ser perfecta, pero podría conducir a que Colombia reduzca la informalidad y abandone el vergonzoso privilegio de tener el desempleo más alto de América Latina.