Por: Ramiro Bejarano Guzmán

El super baldío

El recursivo Superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, experto político y, por tanto, consciente de que la espectacularidad puede decidir una discusión pública, rompió en el Senado un folio de matrícula inmobiliaria (FMI), para apoyar su peregrino argumento de que si en esos documentos no se anota la restricción de acumular baldíos, entonces es preciso concluir que esa prohibición no rige para los poderosos capitales y personajes que se acogieron a esa ilegal opción.

Dejando de lado los cuestionamientos éticos a ese precario razonamiento, lo cierto es que jurídicamente tampoco resiste el menor análisis. Con semejante teoría, otras restricciones que tampoco se anotan en los FMI, podrían ser burladas impunemente. Veamos sólo algunos pocos ejemplos:

• Cuando un incapaz adquiere un bien inmueble, en el FMI no se anota que le está prohibido enajenarlo sin autorización judicial, y a pesar de ello no puede ser vendido libremente; 

• Cuando el propietario de un predio aledaño a una vía pública está obligado a dejar libre una franja de aislamiento para ampliar la malla vial, ello tampoco se inscribe en el FMI, pero la restricción opera por orden de la ley 1228 de 2008.

• Cuando se trata de suelos que constituyen rondas hidráulicas, tampoco se anota en el FMI la restricción de que en ellos no pueden construirse obras, pero opera la prohibición ambiental.

• Cuando en un contrato de compraventa queda inmersa una condición resolutoria tácita, tampoco se inscribe expresamente en el FMI, pero si el comprador incumple sus prestaciones, el vendedor podrá demandarlo para que se decrete la resolución o el cumplimiento del contrato y le paguen los perjuicios sufridos.

• Lo mismo ocurre con la obligación por saneamiento por evicción del vendedor, de la cual tampoco se hace mención expresa en un FMI, y, en todo caso, ese vendedor tendrá que responderle a su comprador, si éste llegare a perder la posesión del inmueble en manos de un tercero.

En fin, hay más eventos semejantes, que dejan sin piso el alegato con el que el Gobierno pretende convencer al país de que está legalmente bien hecho, lo que no lo está. Eso es lo que ignora olímpicamente el errático ministro de Agricultura, cuya intervención en el debate fue sencillamente deplorable. Aquí tampoco hay ministro.

Y no puede abrirse camino la exótica justificación gubernamental concebida para proteger grandes capitales y potentados intocables, porque ello desconocería el principio universal de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Sí, es que el tema no se reduce al simplismo leguleyo de que quien adquiere un bien baldío pueda acumularlo con otro sólo porque en el FMI no se anotó que no podía hacerlo. Basta que la ley consagre la restricción de acumular baldíos, como en efecto lo ha hecho, para que todos los ciudadanos deban atender esa prohibición, aún cuando en los FMI no se anote la misma.

Del mismo modo, sostener que es posible acumular baldíos porque nada se decía en los FMI a pesar de que en la ley está prohibido, y que por ello incurrieron en un error derivado de buena fe cualificada quienes así procedieron y que, por tanto, debe serles perdonada la falta, es una avivatada, por decir lo menos. Ciertamente, no es creíble que quienes tuvieron poder económico para acumular baldíos que no podían sumarse, no hayan contado con asesoría jurídica suficiente que los previniera de que la ley prohibía hacer lo que hicieron. Por supuesto, si tuvieron recursos para hacer estas operaciones sofisticadas de acumular baldíos, es porque contaron con la suficiente asistencia de abogados expertos que obviamente consultaron para no incurrir en yerros.

Francamente cuando después de oír las explicaciones del Supernotariado Vélez vi que rompía indignado un papel, creí que estaba haciendo añicos su título de abogado, y pensé que tenía razón, pero que va, era apenas un FMI.

Adenda. La contratadora Sandra Morelli falta a la verdad cuando dice que ha recuperado para el erario $2 billones y le ha ahorrado otros dos. Su gestión desastrosa y arbitraria ha sido dañina para las arcas públicas y la inversión privada.

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