El talante antiliberal de los colombianos

CUANDO EL LIDERAZGO SE EJERCE por fuera de los partidos políticos y cuando el discurso y las prácticas de gobierno exaltan las características personales del líder y se apoyan en su carisma para establecer contacto directo entre éste y el ciudadano, la popularidad del gobernante no necesariamente significa más democracia y más legitimidad.

Los altos niveles de aprobación de la gestión del presidente Uribe y la confianza en su gobierno son una realidad incuestionable. Esto se relaciona con factores como el crecimiento económico y la política de seguridad e incide positivamente en la legitimidad del sistema político, como lo muestran varias encuestas y el estudio ‘Cultura política de la democracia en Colombia: 2007’.**

Sin embargo, la legitimidad no se agota en estos indicadores, ni se circunscribe al Jefe de Estado.  Así lo demuestran otras cifras del estudio citado sobre lo que piensan los colombianos sobre otras instituciones políticas y la democracia. En relación con esta última, salimos bastante mal librados. Por ejemplo, algo más del 40% cree que puede haber una buena razón para un golpe de estado, uno de cada tres para que el Presidente cierre el Congreso y uno de cada cuatro para que haga lo propio con la Corte Constitucional. Pero aquí no terminan las sorpresas.  Al indagar sobre las características de quienes así piensan, se encontró que los que evalúan positivamente al gobierno actual, es decir los, seguidores del presidente, “son más proclives a tolerar el quiebre del principio de separación de poderes”.

La democracia representativa y el sistema de contrapesos entre las ramas del poder público también aparecen frágiles. Mientras los partidos políticos, el Congreso y el Consejo Nacional Electoral nuevamente son las tres instituciones con menores niveles de confianza, el 62% de los encuestados cree que deben tener una relación directa con su líder, sin intermediación partidista.  Además, un 42,3% “está dispuesto a otorgarles a los presidentes poderes ilimitados para que actúen por el interés nacional”, el 18,7% piensa que los jueces son un estorbo y deberían ser ignorados, uno de cada cuatro cree lo mismo del Congreso, y el 36,6% opina que “para el progreso del país es necesario que nuestros presidentes limiten a la oposición”.

Estas actitudes favorecen gobiernos mesiánicos y personalistas, que privilegian las actuaciones mediáticas sobre los canales institucionales y apelan a mecanismos plebiscitarios o de “democracia directa” para legitimar sus decisiones. Cuando los ciudadanos creen, como ocurre hoy en Colombia,  que el Congreso y los partidos —las instancias de representación e intermediación democráticas por excelencia— son los responsables de los problemas del país, y cuando esta actitud se alimenta desde los círculos gubernamentales y no se diferencia la actuación de las personas de las instituciones, se abren las compuertas a una creciente desinstitucionalización y al debilitamiento de los controles entre los poderes. Si a esto se le suma el talante antiliberal de un porcentaje significativo de ciudadanos, y en particular de quienes apoyan a ultranza la gestión presidencial, aun si ello implica cambiar las reglas del juego cuantas veces sea necesario, no es exagerado afirmar que el futuro que le espera a la democracia en Colombia no es particularmente halagüeño.

* Directora Programa Congreso Visible, Universidad de los Andes.