El tapahuecos fiscal

No hay gobierno sin plan de desarrollo cuatrienal ni presupuesto anual de la nación.

Eso es lo normal y lo legal. La novedad está en que se volvió rutinario que a lo anterior se les sumen reforma tributarias bienales improvisadas, cortoplacistas, facilistas y por consiguiente poco técnicas, con el único propósito de cubrir los faltantes de ingresos presentes en las cuentas del plan de desarrollo y del presupuesto. El consabido proyecto tributario se reduce a una operación inmediatista de simple remiendo fiscal, a semejanza del trabajo de sostenimiento de las vías que realizan los tapahuecos callejeros. Son proyectos sucesivos y limitados que generan incertidumbre entre los inversionistas que se acomodan a mayores tributos, siempre y cuando tengan la garantía de la estabilidad tributaria, la famosa y olvidada seguridad y estabilidad jurídica que reclama todo inversionista sensato, que no sea un especulador coyuntural.

Y el asombro frente a la falta de visión, de política y de estrategia que delata el sistema tapahuecos impuesto, se vuelve franca preocupación cuando el Presidente de la República tranquilamente afirma que “el postconflicto va a costar y nosotros no tenemos los recursos para financiarlo”. Increíble semejante afirmación presidencial, habida cuenta que su programa bandera, con el que sueña pasar a la historia apoyado por la mayoría de los colombianos es lograr la paz, que no se agota en la firma de un documento en La Habana, pues requerirá unos diez años, el plazo es del gobierno, durante los cuales Colombia ha de adelantar un trabajo monumental en su dimensión, complejidad y costo con miras a transformar la realidad nacional, especialmente en sus regiones, que le permita a Colombia transformarse en un país equilibrado, moderno e incluyente.

Y esto lo sabe el gobierno, que evidentemente no se ha preparado, ni él ni al país, para semejante desafío histórico. El Presidente Santos considera que la financiación correrá por cuenta de la cooperación internacional. Así de sencillo. Afirmación que denota desconocimiento de los alcances reales de la cacareada cooperación internacional o que se cree que lograr la paz será una operación sin un costo económico significativo; la idea de una paz barata. La cooperación internacional financiaría proyectos importantes pero específicos; el gran esfuerzo tiene que ser de los colombianos y del gobierno. Sin él, no se tendrían ni siquiera los recursos internacionales complementarios.

Horacio Ayala, gran conocedor de los asuntos tributarios, es claro al afirmar que “no existe la voluntad política para hacer la reforma tributaria que necesita el país” y que el proyecto se limita a obtener los recursos faltantes, 53 billones para los próximos cuatro años, “mediante los mecanismos fáciles. No los más técnicos”. Hay una posición casi unánime de empresarios y técnicos sobre la inconveniencia de gravar los patrimonios (“la riqueza”) y no los ingresos de las personas. OCDE ha manifestado su preocupación por que Colombia, uno de los países con mayores desigualdades en los ingresos – que, increíble, aumenta después de pagar impuestos (¡!!) -, no tiene tributos para las rentas de capital. El colombiano es un sistema tributario que castiga a las empresas y favorece al accionista; que le cae a los ingresos del trabajo, especialmente de la clase media, y protege a los provenientes del capital, de las inversiones. Es el mundo al revés y los resultados saltan a la vista.

Hoy en Colombia hay riqueza como nunca antes en su historia. Por eso en parte la disparada de la corrupción, por eso la importancia creciente de la calidad del gasto público por encima de su simple monto; por eso la importancia, con carácter de urgencia, de adoptar un régimen tributario a tono con esas nuevas realidades, que reclaman una significativa redistribución de los ingresos ciudadanos para contrarrestar la preocupante concentración existente y darle a las finanzas públicas la solidez y la estabilidad que reclama un país en trance de construir las condiciones de una paz verdadera, fundamentada en la inversión pública y la privada que serán el motor económico de esa empresa, la más importante de todas. La cooperación internacional más importante para lograr esa tarea vendrá de la OCDE, representada en sus exigencias en materia fiscal, y no de los imaginados presupuestos de inversión que aportaría la cooperación. En ese punto el Presidente Santos y su ministro de Hacienda no se pueden seguir equivocando.