El TLC, los trabajadores y el crecimiento

Para que le aprobaran el TLC con Estados Unidos, Perú modificó la legislación laboral que permitía los abusos de las cooperativas de trabajo en la contratación y esquilme de las prestaciones sociales de los trabajadores.

Tuvo que comprometerse entonces con una mayor estabilidad laboral y combatir la precariedad y temporalidad de los contratos. Algo similar va a tener que hacer el Gobierno colombiano pronto, si es que quiere que el Congreso norteamericano le apruebe su TLC.

El caso colombiano es más grave que el peruano porque trata de la escasez de garantías a la vida de los sindicalistas y, por lo tanto, a la restricción de los derechos de negociación de los contratos colectivos. Éstos han sido atacados por los paramilitares en su afán de limpieza política, situación que ha permitido el asesinato de 2.000 dirigentes sindicales desde 1998. Aunque el Gobierno colombiano se comprometió con el Congreso norteamericano a empujar a la Fiscalía a que judicialice los 200 asesinatos más sonados, a la fecha los resultados son magros y no convencen a los legisladores demócratas de la voluntad política del Gobierno a mejorar la situación.

La reforma laboral de la administración Uribe en 2003 disminuyó la remuneración nocturna y dominical y pudo provocar algún aumento del empleo. De manera ingeniosa, el legislador redefinió la jornada laboral de la noche a partir de las 10 p.m., cuatro horas más tarde que  la informada por la astronomía. La precariedad del empleo, la tercerización (outsourcing) y la informalidad han tenido un notable crecimiento en años recientes. La presión norteamericana es para remover de la ley las trampas más evidentes y depredadoras de la fuerza de trabajo que conspiran contra la competitividad de sus propios trabajadores.

El TLC es presentado por el Gobierno como la solución a todos los problemas de la economía colombiana. Un estudio sobre el Nafta que firmó México en 1994 con Estados Unidos y Canadá, muestra que a pesar de que sus objetivos se cumplieron, su crecimiento fue mediocre. En efecto, las exportaciones sin petróleo pasaron de US$12.000 millones en 1985 a US$150.000 millones en el año 2000 y su participación en el PIB de 26 a 64%. Así mismo, la entrada de capitales fue enorme: en  sólo 1993, la balanza de capital presentaba un sobrante de US$84.000 millones. La infraestructura fue modernizada y se redujeron los costos de transporte.

El crecimiento de México continuó siendo deficiente por razones propias: malas políticas macroeconómicas condujeron a crisis y a la llanura de su sistema financiero; la baja tributación agudiza la mala distribución del ingreso; reglas de competencia laxas permiten la sobrevivencia de monopolios y duopolios que reducen la productividad; el sistema de justicia ineficiente y venal encarece los costos de transacción y favorece a los deudores en caso de crisis.

El TLC colombiano tampoco va a salvar las trabas internas al crecimiento de largo plazo. La escasa disciplina fiscal e injerencia del Gobierno en el Banco Central aumentan el riesgo de crisis financieras hacia el futuro. La cada vez más desigual tributación agrava la distribución del ingreso y le resta recursos a la inversión en infraestructura. La politiquería hace que se amplíe la corrupción y que el gasto del Gobierno sea no sólo ineficiente sino que se emprendan obras que benefician a los políticos mas no a los usuarios de los servicios públicos y del transporte, por lo cual sus costos continúan siendo excesivos. El propio Presidente desobedece y socava una justicia de por sí coja, con lo cual debilita el imperio de la ley.

En resumen: el TLC fomentará tanto las exportaciones como la inversión extranjera, mejorando un tanto las condiciones de crecimiento de Colombia; además, deberá tratar mejor a sus trabajadores. Pero para progresar a fondo hay que encarar muchos problemas que nadie sino nosotros podemos solucionar.