Por: Alberto Donadio

El último huitoto

Es encomiable el perdón que pidió el presidente Santos a los indígenas de la cuenca amazónica por las atrocidades cometidas hace un siglo durante la fiebre del caucho.

Encomiable porque el perdón se pide pensando en los indígenas, en los sobrevivientes de las víctimas. “En nombre del Estado colombiano, a las comunidades de los pueblos Uitoto, Bora, Okaina, Muinane, Andoque, Nonuya, Miraña, Yukuna y Matapí, a todos pido perdón por sus muertos, por sus huérfanos, por sus víctimas”, dijo Santos.

En un sentido histórico estricto, el Estado colombiano no tendría que pedir perdón por los crímenes cometidos por una compañía, la Casa Arana, cuya sede social estaba en Londres y cuyo principal accionista, Julio César Arana, era ciudadano peruano. Los territorios donde fueron explotados y vejados los indígenas estaban en disputa entre Perú y Colombia sin que se hubieran fijado todavía las fronteras acordadas luego en el tratado Lozano-Salomón. La indefensión de los indios y la perversidad de los abusos perpetrados no admiten disquisiciones de derecho internacional. Empero, solamente por dejar constancia, hay que anotar que tal vez el único ítem del catálogo de barbaries cometidas en este lote de esquina oceánico, como lo llamaba el profesor López de Mesa, que no es imputable al Estado colombiano ni a nuestros connacionales, fue la exterminación ejecutada por los peruanos en el Putumayo. El cepo fue peruano, las mutilaciones las ordenaron los peruanos, los asesinatos fueron ejecutados por peruanos, la esclavitud tiene matriz peruana. Los peruanos persiguieron y asesinaron también a los caucheros blancos colombianos.

La generosidad del perdón presidencial contrasta con la complicidad del Estado peruano con los crímenes de Arana. En su época, Arana contaba no solamente con sus matones sino con el apoyo de las autoridades peruanas, y tenía a su favor a casi toda la opinión, que lo veía como un conquistador de tierras y un civilizador. No sé si existe todavía en Iquitos la avenida Arana, pero existió otrora. Perú no se ha hecho cargo de una realidad histórica: Arana fue el Osama bin Laden de hace un siglo, con una diferencia a favor de Bin Laden, el cual no causó la muerte de más de cuarenta mil personas. En Perú se sigue viendo a Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo de Sendero Luminoso, como el mayor terrorista de la historia del país, cuando en realidad ese título le pertenece por aclamación a Julio César Arana. Han pasado cien años y el mea culpa por la sevicia infame de la Casa Arana ni siquiera se esboza en Perú.

Antes de ser elegido, Juan Manuel Santos no era conocido como abanderado de la causa de los pueblos indígenas. Ni como defensor de los derechos humanos. Es cierto que las convicciones pueden ser fruto de un proceso de maduración. Los sacerdotes que estudiaban en los seminarios de vocaciones tardías decían misa igual que los que hacían profesión de fe en la adolescencia. Para que nadie crea que el perdón es magnánimo únicamente cuando lo amortiguan cien años de historia y para que nadie piense que el jefe de Estado recita su parte en un guión, tenemos que esperar otro ejemplo de generosidad presidencial. Nadie sugiere que las madres de Soacha y de otras poblaciones sean invitadas a la Casa de Nariño, porque no hay un salón para 1.800 personas. Bastaría convidar a Raquel Benavides, una señora de Granada (Meta). Su hijo era soldado, prestaba el servicio militar, se lesionó la rodilla y lo enviaron a su casa. Un día salió a una heladería y se convirtió en falso positivo. “Pido perdón por sus muertos, por sus huérfanos, por sus víctimas”, es una frase que 1.800 madres esperan escuchar ahora, no dentro de un siglo.

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