Elecciones cuestionadas

En los últimos años, muchos de los procesos de nominación y elección de magistrados de las altas cortes, de los miembros de la organización electoral, de las cabezas de los órganos de control, del Ministerio Público y de la Fiscalía General de la Nación han estado enmarcados por escándalos y por acusaciones de supuestos favorecimientos indebidos, inhabilidades, delitos, incumplimiento de requisitos, amiguismo, corrupción, clientelismo y politiquería, entre otros.

Esto es particularmente grave y preocupante por las implicaciones en la credibilidad y legitimidad de estas instituciones, pilares esenciales del Estado social de derecho y de la democracia. Por tratarse de funcionarios que ocupan los más altos cargos en la Rama Judicial, los entes de control, de fiscalización, de protección de los derechos humanos y de garantía de los procesos electorales, su elección debería estar blindada de cualquier duda o sospecha. Seguramente en muchas ocasiones las denuncias carecen de fundamento y responden a intereses particulares, pero en otras se sustentan en información cierta y comprobable.

Las deficiencias en la información que manejan las entidades estatales, que con frecuencia es imprecisa, desactualizada o incorrecta, y las limitaciones en el acceso a la misma, son los principales obstáculos para que las hojas de vida y los antecedentes de los candidatos puedan ser debidamente estudiados. Esto no sólo restringe el accionar de quienes tienen la responsabilidad de postular y seleccionar a los candidatos, sino a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil, que en ejercicio del derecho de hacer control social sobre lo público han asumido esta tarea.

Pero el problema no se circunscribe a estos casos. En un estudio de seguimiento a los principales compromisos en materia de acceso a la información pública del gobierno, realizado por Transparencia por Colombia en el marco de la Alianza Más Información Más Derechos (http://bit.ly/informeaccesoinfo), se encontró que si bien ha habido avances, aún hay grandes obstáculos a la hora de compartir información entre las diferentes entidades y de divulgarla. Por ejemplo, en el proceso de construcción del Índice de Gobierno Abierto (IGA), la Procuraduría identificó 137 sistemas de información, los cuales tienen una baja articulación entre ellos. De otra parte, el 7 de marzo de 2013 Caracol Radio divulgó en una investigación que el sistema de antecedentes judiciales de la Policía Nacional no tenía reportes para más de 40 condenados por parapolítica. Y en el proceso de la entrega de avales a candidatos, los partidos aducen problemas para acopiar la información sobre los aspirantes, lo que trae como consecuencia que se elija a personas con impedimentos o inhabilidades.

Es inaplazable que se aúnen esfuerzos para que los responsables de nominar y elegir, así como los ciudadanos y los medios, puedan acceder a información completa, veraz y oportuna sobre los candidatos para sustentar sus decisiones. Paralelamente, se debe abrir el debate sobre la transparencia de los procesos de elección de los funcionarios arriba mencionados, sobre los criterios de elegibilidad y los estándares de probidad que deben cumplir.