Entre dos pactos de paz

El punto de la participación política, que está sobre la mesa de negociaciones en La Habana resulta fundamental en el ejercicio de una democracia moderna.

Para empezar, la consagración de los mecanismos de participación ciudadana fue una de las grandes conquistas de la Carta Política del 91. El régimen anterior se limitaba a la expresión representativa de la democracia. Como suelo repetirlo, los otros nuevos temas constitucionales fueron la garantía de los derechos fundamentales, el reconocimiento de la sociedad plural y la autonomía de las entidades territoriales.

La participación es un mecanismo que airea la política, refresca el sistema democrático, relegitima las instituciones. En materia de participación la Carta establece normas progresistas. Por desgracia éstas han sido desarrolladas por leyes restrictivas que, sin embargo, a la Corte Constitucional le parecen exequibles.

Esa es una de las tragedias políticas de este país, cuya historia desde el Frente Nacional se ha desenvuelto en medio de una democracia, más o menos, restringida. No me cuento entre quienes critican sin reservas el Frente Nacional. Creo que fue uno de los pactos de paz más exitosos en la historia del siglo xx.

Baste recordar la barbarie de la violencia partidista del medio siglo y las dictaduras que contemporizaron con ella durante casi una década, para entender las bondades de aquel pacto de paz que sellaron los partidos hacia el final de los años cincuenta. El historiador colombianista norteamericano James Henderson llegó a afirmar que, hacia 1965, prácticamente se había superado la violencia en Colombia.

Pero el Frente Nacional terminó cerrándose sobre sí mismo. Aclimató la democracia formal pero dejó prosperar un ambiente de privilegios y exclusión. El país comenzó a vivir en medio de un sistema de restricciones democráticas y la violencia renació, primero con sentido social y luego contaminada por el narcotráfico. Llegó de nuevo una apertura en el proceso pre y post constituyente de 1991. Vale la pena preguntarse si el sistema no ha vuelto a cerrarse en los últimos años.

Los constituyentes del 91 adoptaron una constitución flexible, pero la jurisprudencia nos la volvió rígida; los mecanismos de participación se ahogaron en la burocratización de los procedimientos fijados por las leyes; la autonomía territorial desemboco en una especie de patria boba descentralizadora, vigente incluso desde el régimen anterior; la acción de tutela recibe constantes amenazas desde múltiples flancos.

Los diez puntos propuestos por las Farc se inscriben dentro del marco descrito. Son para discutirse, por supuesto, y varios de ellos requieren ajustes. Pero se trata de un debate para construir un nuevo pacto paz que, a diferencia del otro, sea estable y duradero. Demanda superar un bloqueo político y jurídico que, a veces, enreda nuestro estado de derecho en una especie de arbitrariedad con leyes. Para desatar esos nudos fue que la Carta Política estableció la institución de la Asamblea Constituyente.

Ex senador, profesor universitario, atm@cidan.net