Por: Columnista invitado

Equilibrio y amenaza judicial

Lamentablemente, el Congreso pierde una gran oportunidad de derogar la función judicial que ejerce en contra de los altos funcionarios del Estado.

Esta farsa de justicia quedará casi incólume. Descartaron la propuesta de crear un alto tribunal totalmente independiente de origen académico. El  equilibrio de poderes apenas se asoma con leves y parciales retoques institucionales, que dejan mucho que desear. Por ejemplo, la Comisión de Acusaciones se mantiene para investigar delitos y faltas disciplinarias del presidente y, en el futuro, del vicepresidente. En esta materia nada cambiará y la nación seguirá indignada, reprochando a la Comisión de “Absoluciones” y al Congreso, que no cesarán en el empeño de archivar todos los procesos sin ningún límite ético, razón jurídica y sin intentar una acusación contra algún expresidente o presidente en ejercicio.
 
A esta Comisión pretenden transformarla en “comisión de aforados”, para investigar y acusar por delitos y otras faltas a los magistrados de las altas cortes, al fiscal general y a otros servidores públicos. El juzgamiento por delitos lo hará la Corte Suprema de Justicia. Por faltas disciplinarias que constituyen causales de mala conducta  juzgará el Congreso pleno. Este numerosísimo juez colegiado sui géneris, de origen político, sin mayor idoneidad profesional e independencia, juzgará por faltas gravísimas, varias de ellas configuradoras de conductas punibles. No se sabe qué clase de juicio adelantará, si el proyecto dispone que el Congreso “en ningún caso practicará pruebas ni hará una valoración jurídica sobre la conducta del funcionario procesado”. ¿En qué quedaría la investigación y acusación que hace en derecho la comisión de aforados? ¿En un Estado de Derecho caben esta clase de decisiones que no sean jurídicas? Hasta los juicios políticos son de naturaleza jurídica.
 
El cruce de competencias entre la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Congreso consolida “el yo te investigo y juzgo; tú me investigas y juzgas”. La creación de este nuevo órgano no hace desaparecer esta intersección de funciones.
 
De aprobarse la reforma, lo más seguro es que se cumpliría la amenaza de la Comisión Interinstitucional de Justicia. La Corte Constitucional la ejecutaría declarando su inexequibilidad por vicios de competencia y concluirá que se sustituyó la Carta Política, sin declararse impedida por conflicto de intereses y reafirmando su omnipotencia extraconstitucional como constituyente originario y derivado.
 
La justicia, en sus cúpulas, continuará ejerciendo poderes absolutos sin control, sin Dios, ley ni gobierno. Así se cerrará otro vergonzoso capítulo con la precaria victoria de aquellos que buscan la impunidad y la prevalencia del interés particular, quienes con cínica ironía brindarán por el triunfo de la democracia, mientras la justicia en llamas pisotea su magisterio moral. Ojalá, algún día, la soberanía popular ponga el dedo en la llaga.
 
 
*Darío Martínez Betancourt

 

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