Por: Darío Acevedo Carmona

Esas cosas que nos dicen

Nos invitan a pasar la página como si se tratara de resolver una pelea de alcoba o entre amigos. Que dejemos los odios y los rencores como si se tratara de una ofensa cualquiera. Que le abramos la puerta a la reconciliación con el “otro” y dejemos a un lado la sed de venganza.

También nos dicen que los guerrilleros son unos campesinos que luchaban por la tierra, que el régimen los excluyó de la vida política, que sus crímenes horrendos no son tales sino que eran conexos con nobles y altruistas objetivos.

Que por qué vamos a tener miedo de que lleguen al poder si carecen de fuerza para tal cometido y nunca van a ser mayoría o que su ideología marxista leninista y su propósito de hacer de Colombia un país socialista estilo Venezuela no es real. O sea, nos llaman a subestimar sus posibilidades y a banalizar su adhesión a una doctrina totalitaria.

¡Ah!, igualmente afirman que con el acuerdo de paz la historia de Colombia se parte en dos, que este es un momento fundacional y ahora sí la democracia (en la que nunca han creído) será amplia, real y auténtica y que el país, al fin, encontró su rumbo.

Y cuando se les muestra el alto precio pagado al elevarlos a la calidad de alta parte contratante (Acuerdo depositado como tratado internacional ante la Cruz Roja Internacional) nos responden que la paz lo justifica todo, dan cifras de reducción de muertos sin que se inmuten del chantaje subyacente en tal ejercicio. Dan a entender que la apelación a las armas legítimas del Estado de derecho para combatir a terroristas degenerados por el narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento de menores, etc., es guerrerismo.

Sostienen, sin pudor por la democracia, que el desconocimiento del resultado del plebiscito adverso a ellos se justificó porque los del NO triunfaron apoyados en mentiras, pero, omiten que el gobierno destinó sumas multimillonarias a favor del sí amenazando con una terrible guerra urbana de ganar el NO y con el fin de las negociaciones porque nada se podía modificar.

Engañan al mundo y a la CIDH, diciendo que habrá castigó para responsables de crímenes de lesa humanidad sin aclarar que no habrá un solo día de cárcel y podrán ocupar curules en el Congreso los ordenadores del asesinato a sangre fría de los diputados del Valle, los concejales de Rivera, del secuestro por largos años de civiles de Neiva y otros municipios, de quienes dinamitaron el club El Nogal y la iglesia de Bojayá, etc.

El Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo planteó, cual experto en sociología rural, se inventó el paradigma de la territorialidad según el cual el “conflicto armado colombiano” se reduce a un problema de injusta distribución de la tierra y por ello a las guerrillas, expresión del campesinado, se les debía entregar el control de la ruralidad.

En una línea de pensamiento similar, algunos intelectuales jugando a la idea de “justicia social” del discurso comunista, plantean que quienes se oponen a la implementación de los acuerdos son la extrema derecha, los terratenientes, los religiosos, reaccionarios, en suma, dicen, el pasado, mientras ellos, los “progre”, los liberales, socialdemócratas, chavistas, comunistas salidos del closet o vergonzantes o aparecidos de última hora y socialbacanes, son la flamante vanguardia, el futuro, la Modernidad, la Ilustración.

Como si defender la Constitución, pedir castigo para criminales de lesa humanidad, la vigencia de los derechos humanos, la reparación de las víctimas y la aplicación de convenios del Estado colombianos con instituciones de Justicia Internacional como la CPI, constituyera un signo de atraso.

No es de extrañar, por tanto, que el ministro del Interior haya declarado en lenguaje propio de dictadores, que gane quien gane en las elecciones de 2018, los acuerdos son inmodificables. Pensamiento expuesto por el inefable Humberto de la Calle y otros que entregaron la institucionalidad por un plato de lentejas, convirtiendo la Ley de leyes un vulgar juguete arma-todo.

Los promotores de la impunidad han desafiado no solo a la sociedad colombiana sino a los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional. Esta Corte, so pena de quedar como rey de burlas, debe decidir si cumple o no el mandato de castigar crímenes masivos y sistemáticos contra la humanidad como los cometidos por las guerrillas y otros grupos violentos de Colombia.

Si la CPI no actúa ni pone orden exigiendo el cumplimiento de su estatuto, en particular de los artículos 5 a 8  y hace excepción so pretexto del “bien supremo de la paz”, entonces le habrá dado un nock-out a los derechos humanos.

Los intelectuales del nuevo dogma, inflexibles cuando se trató de exigir al Estado el respeto por los derechos humanos, nos invitan, por esta vez, a ser flexibles y a pasar de agache la traición a esos valores que ellos colonizaron. La hipocresía de los Colectivos, de los eclesiales de paz, de los Juristas de paz de las Comisiones de paz, de las ONG pacifistas no tiene parangón en la historia reciente de la humanidad.

Si queremos entender en parte y solo en parte esta fatídica incongruencia debemos remitirnos  al discurso que por décadas no reconocía nada positivo, nada rescatable de nuestra historia, de nuestra democracia y de nuestras instituciones.

Buscar columnista