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Escogiendo candidato

Ramiro Bejarano Guzmán
16 de febrero de 2014 - 04:07 a. m.

La gente está desanimada para votar en las próximas elecciones parlamentarias. Tan grande es el desencanto que ya es lugar común oír que no hay por quién votar.

Recomendar votar por algún candidato a congresista puede ser una actividad peligrosa, porque con ese cuento de que la política es dinámica, se corre el riesgo de que el recomendado termine en un partido diferente de aquel en el que militaba cuando fue elegido, o quién sabe qué otra barbaridad pueda ocurrir.

Votar por alguien o no hacerlo es una decisión tan subjetiva que en algunas ocasiones se adopta por simples simpatías o antipatías, o por el color del partido. A la hora de sufragar muy pocos se preguntan cuál ha sido el recorrido de su candidato, en especial si es para reelegirlo. Un buen ejercicio para aproximarse a un nombre es preguntarle al aspirante cómo votó los siguientes proyectos:

• la reforma a la salud.

• la ley estatutaria de la salud.

• la ley ordinaria de la salud.

• el TLC con los Estados Unidos.

• el incidente fiscal que afecta la tutela.

• la ley que criminaliza la protesta.

• la reforma tributaria que rebajó impuestos al gran capital y gravó inmisericordemente a la clase media.

• la ley que aprobó la Alianza Pacífico.

• la ley de inteligencia que permite espiar conversaciones sin orden judicial e impide el acceso a los documentos por 30 años prorrogables por otros 15.

• la tramposa reforma a la justicia.

• el acto legislativo del fuero penal militar.

• la defensa jurídica de los militares.

• la ley de la infraestructura.

• la ley que ordenó expedir pasaportes diplomáticos a los congresistas.

• el arancel judicial que encareció el acceso a la justicia.

• la ley de acceso ciudadano a los documentos públicos.

• El marco jurídico para la paz.

Y en materia de nombramientos en los que haya intervenido el candidato, también sirve establecer si el candidato participó afirmativamente en las siguientes designaciones:

• para elegir al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.

• para reelegir al procurador después de cuatro años de su tenebrosa gestión.

• por Sandra Morelli Rico para contralora general de la República.

• por Jorge Armando Otálora para defensor del pueblo.

• Para elegir a Simón Gaviria jefe del liberalismo y a Roy Barreras presidente del Senado.

Un parlamentario que haya aprobado con su voto uno cualquiera de los proyectos o nombramientos anteriores, debería tener problemas con su electorado. Tampoco deberían ser elegidos quienes no votaron por el proyecto de ley que sanciona a los conductores borrachos, o quienes fueron invitados y asistieron al arribista matrimonio de la hija del procurador. Hay varios que clasifican en todas las categorías.

Adenda No. 1. Insisto en que la única solución para erradicar el mal que ya hizo metástasis en las altas cortes, es provocar la revocatoria de todos los actuales magistrados, para que puedan reintegrarse estas corporaciones con nuevos personajes que estén a salvo de la clientela y de las canonjías en Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Fiscalía y en otros sectores públicos. Así se hizo cuando, después de la caída de Rojas Pinilla, el país tuvo que cambiar completamente las cortes que el dictador había integrado a su antojo y que se pusieron al servicio de la dictadura. A quienes por ingenuidad o interés creen que la situación actual de las Cortes no es igual a las terribles épocas de “Gurropín” y sus áulicos —algunos de los cuales subsisten y andan medrando en los círculos de poder— hay que decirles que lo de ahora es peor. La camarilla judicial que se apoderó de las Cortes da miedo. No hay mecanismos ordinarios para superar tan grave crisis institucional, todos han fracasado. Se equivoca el Gobierno si cree que podrá sacar adelante una reforma a la justicia de la mano del poderoso círculo de unas cortes que ya no les preocupa la justicia sino el bienestar personal de la odiosa membresía.

Adenda No. 2. Mientras Ordóñez destituye a Petro dizque por expedir un decreto ilegal de basuras, la justicia contencioso administrativa sentenció que el decreto sí está ajustado a la ley. Si eso no es persecución, entonces ¿qué será?

 

notasdebuhardilla@hotmail.com

 

 

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