Por: María Elvira Samper

Estamos "llevados"

Como todos los años, transparencia Internacional acaba de hacer público el Índice de Percepción de Corrupción en el mundo, y sus resultados dejan a Colombia muy mal parada: pasó del puesto 80 al 94 entre 176 países.

Una noticia que debería haber generado alguna reacción, un pronunciamiento oficial, una respuesta, pero que sobrevivió apenas unas horas y terminó sepultada por una avalancha de información entre la cual ocupaban lugar destacado —y no por simple coincidencia— casos de corrupción. Es lo mismo que pasa siempre: la indiferencia general. Nadie se despeluca, no suenan alarmas y tal vez es por aquello de que “la corrupción es inherente a la condición humana”, frase inmortalizada por el contratista-filósofo Miguel Nule, preso por el carrusel de la contratación en Bogotá.

Nos hemos acostumbrado a la corrupción como algo normal —el problema sólo estaría en la dimensión—, como parte del sistema político y económico en el que priman las palancas y el tráfico de influencias sobre los méritos, la plata fácil sobre la que se gana mediante el trabajo honrado, el “hay que llegar primero” sobre el “hay que saber llegar”, los atajos sobre el cumplimiento de las leyes. No otra cosa puede pensar el colombiano del común cuando el expresidente Uribe y el procurador Ordóñez —para citar sólo dos casos muy relevantes— lograron sus respectivas reelecciones mediante prácticas que en países desarrollados, con instituciones fuertes, serían consideradas corruptas. Porque corrupción no es sólo robar o sobornar, es también usar mal o abusar de posiciones de poder —o de la confianza— para obtener beneficios privados en detrimento del interés público.

Hay corrupción cuando magistrados de las altas cortes aceitan el carrusel de las pensiones e intercambian favores burocráticos; cuando los congresistas legislan en causa propia y mutuamente se exoneran de inhabilidades; cuando las EPS hacen negocios con la plata de la salud; cuando los empresarios pagan sobornos y coimas para ganarse los contratos con el Estado; cuando los funcionarios públicos contratan a dedo para favorecer a familiares y amigos; cuando personas traicionan la confianza de quienes les confían el manejo de su dinero e incurren en todo tipo de trapisondas para enriquecerse; cuando empresas y personas evaden o eluden impuestos; cuando... La lista es larga.

La corrupción es un mal endémico, un problema estructural que, pese a anuncios y medidas para reformar y sanear instituciones, no ha logrado siquiera reducirse a “sus justas proporciones”, como habría dicho el expresidente Turbay. No es suficiente con expedir leyes y tener código y zares anticorrupción, si las leyes no se cumplen, si los controles son precarios o insuficientes, si las denuncias no prosperan, si la justicia no opera y la gente no cree en ella. En este sentido es dramático el resultado de la reciente encuesta de Ipsos-Napoleón Franco, según la cual sólo el 19% de los encuestados confía en la justicia —un punto menos que en el Congreso—, el 70% desconfía de la Corte Suprema y el 57% cree que la Procuraduría no está haciendo las cosas bien.

Y como la corrupción es inversamente proporcional a la fortaleza de las instituciones —a mayor fortaleza menor corrupción—, en un país de instituciones débiles como Colombia, donde cumplir las leyes no es necesariamente un imperativo, donde quienes debieran servir de modelo las violan y donde la impunidad campea, la corrupción es devastadora. Devastadora porque va de la mano con la pobreza: a mayor corrupción, más pobreza. Como quien dice, estamos “llevados”.

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