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Yesid Reyes Alvarado 8 Nov 2012 - 11:00 pm

Eutanasia

Yesid Reyes Alvarado

Cualquier discusión sobre el proyecto de ley a través del cual se busca reglamentar la eutanasia en Colombia debe darse al margen de sus connotaciones religiosas; no porque éstas carezcan de importancia, sino porque atañen a un ámbito espiritual ajeno a las regulaciones del derecho penal.

Por: Yesid Reyes Alvarado

La cuestión es si, desde el punto de vista jurídico, vivir es un derecho irrenunciable, una obligación que el individuo tiene para con la sociedad. Si la respuesta fuera afirmativa, los intentos de suicidio deberían ser sancionables como una forma indebida de atentar contra ese bien supremo. Pero además, el Estado debería hacer obligatorios los tratamientos médicos para todos los ciudadanos, de tal manera que logre evitar de manera eficiente que algunos puedan sustraerse a ellos como un mecanismo válido de morir. Esa no parece ser la situación de Colombia, donde muchas personas deseosas de vivir mueren mientras esperan que se les autorice o practique un examen diagnóstico o un procedimiento quirúrgico. Si en lugar de hacer fila en una EPS buscando ayuda dijeran que no quieren acudir a los servicios de salud porque su deseo es morir, ¿las atenderían oportunamente para salvarles la vida?

Si el Estado debe asegurarse de que sus súbditos no atenten contra su integridad personal, quizás debería sancionar todo comportamiento que pueda afectarla, como el consumo de tabaco, el de alcohol, e incluso los malos hábitos alimenticios. Tanto atento contra mi vida cuando me niego a recibir una asistencia sanitaria que no me apetece, como cuando consciente de la cercanía de la muerte asumo conductas claramente contraindicadas por los galenos, como el enfermo grave de corazón que no renuncia a las comidas grasas, a su vida sedentaria y a los excesos alcohólicos. ¿Debe el derecho intervenir en esos casos y forzar al individuo a llevar una existencia sana para garantizar, incluso contra su voluntad, su buena salud?

Argumentos como estos muestran que, desde el punto de vista jurídico, no existe ni para con el Estado, ni para con la sociedad, la obligación de mantenerse vivo. La diferencia que suele plantearse entre la validez del actuar de quien por propia mano se mata y lo censurable de ayudar a otro a suicidarse, me parece artificial. Si yo puedo legítimamente acabar con mi existencia, debo poder hacerlo tanto cuando disponga de la autonomía física para ello (me preparo e ingiero un veneno) como cuando carezca de la misma (el cuadripléjico que necesita la ayuda de un tercero para beber la pócima letal).

Hay quienes temen que se pueda aprovechar la figura de la eutanasia para perpetrar homicidios, bien sea engañando a personas desvalidas para que accedan a ser eliminadas, o simplemente simulando esa aquiescencia. Desde luego que esas eventualidades pueden ocurrir; pero para evitarlas basta con establecer los controles necesarios para poder verificar no solo la presencia previa del consentimiento, sino que el mismo haya sido conferido de manera expresa, libre y voluntaria. En lugar de obligar a vivir a quien por sus graves problemas de salud no lo desea, el Estado debería preocuparse por prestar servicios médicos eficientes y oportunos a quien no quiere morir.

 

 

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