Por: Arlene B. Tickner

A experimentar

El día después de elecciones amaneció distinto Estados Unidos. No porque ganó Barack Obama sino porque Colorado y Washington se convirtieron en los primeros lugares del mundo en donde los votantes decidieron legalizar el uso recreativo de la marihuana. Massachusetts y Montana también se sumaron a la creciente lista de estados —19 con ellos— en donde el consumo con fines médicos es permitido.

 No menos importante, Maine y Maryland aprobaron el matrimonio gay por voto popular (el resto de estados donde es legal ha sido por vía judicial o legislativa), mientras que en Massachusetts la “muerte con dignidad” perdió por pocos votos.

Decisiones como estas apuntan a transformaciones dramáticas en la opinión estadounidense (y mundial) hacia temas sociales neurálgicos que poco a poco se han traducido en cambios concretos en las políticas públicas. No más en el tema de drogas ilícitas el agotamiento de los esquemas de prohibición y represión al consumo y tráfico ha dado lugar a la proliferación de experimentos con estrategias alternativas. Para no ir muy lejos, cursan iniciativas en Uruguay y Chile que legalizarían la marihuana. En Holanda, país pionero en el no castigo del consumo de drogas “blandas”, una nueva ley que busca prohibir la compra a los extranjeros y obligar a los consumidores nacionales a registrarse para ello ha provocado un fuerte rechazo entre la población, así como un aumento en las ventas de mercado negro en los lugares donde ha sido implementada.

En Portugal, el darling de los enfoques poscriminales y de salud pública, la despenalización de toda droga ilícita desde 2001 ha producido resultados sobresalientes: reducción del consumo en 50% y de los niveles de violencia; disminución en las sobredosis e incidencia de enfermedades de transmisión sexual, y búsqueda voluntaria de tratamiento por parte de muchos adictos.

Pese a la evidencia empírica existente, Estados Unidos y la ONU, cuya influencia sobre el régimen internacional de lucha contra las drogas es alta, se obstinan en mantener un paradigma fracasado, si no contraproducente. En buena hora los gobiernos de Colombia, Guatemala y México emitieron una declaración conjunta en octubre de este año pidiendo que la ONU lidere una evaluación global exhaustiva y que todas las alternativas existentes sean consideradas. Independientemente de su desenlace jurídico, no hay duda de que el voto en Colorado y Washington favorece, al menos simbólicamente, un cambio en las reglas de juego, no sólo para quienes consumen, sino también para los países afectados por el crimen organizado producto del carácter ilegal del negocio.

A cinco días del inicio de las conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana, lo ocurrido en Estados Unidos, junto con el cúmulo de otros experimentos ensayados alrededor del mundo, debe alentar una discusión franca sobre el tema de las drogas ilícitas en Colombia. Además de dar solución a los aspectos planteados en el acuerdo general para la terminación del conflicto, que incluyen el desarrollo alternativo y la salud pública, la coyuntura actual puede aprovecharse para plantear fórmulas más audaces para poner punto final al narcotráfico. Éstas no sólo ayudarían a superar los errores del pasado (con los paramilitares), sino que, al enmarcarse dentro de un proceso de resolución del conflicto armado que la misma comunidad internacional ha respaldado, blindarían al país contra las críticas que podrían generar eventualmente.

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