Por: Mauricio García Villegas

La fábrica del crimen

El Presidente Santos sostuvo esta semana que las llamadas “ollas” urbanas (tal vez sea mejor escribir “hoyas”, en el sentido de sepulturas) son fábricas del crimen y ordenó desmantelarlas en veinte ciudades del país.

Pero el tema es más complejo y no se puede entender por fuera de la llamada guerra contra las drogas.

Esa guerra ha convertido a los consumidores de marihuana, bazuco, cocaína y otras sustancias prohibidas en enemigos sociales, tan o más peligrosos que los terroristas, los violadores o los asesinos. Según Anne Coppel y Oliver Doubre (en un libro reciente), cerca de la mitad de la población carcelaria del mundo está acusada de delitos relacionados con drogas. Pero hay algo más, el sistema penal no ataca a todos los consumidores por igual, sino sobre todo a los más débiles. Michelle Alexander (The New Jim Crow) sostiene que 32 millones de personas negras o hispánicas en los Estados Unidos han sido encarceladas por drogas en los últimos 25 años. Hay más negros controlados por el sistema penal hoy que esclavos en 1850.

Lo peor es que todo este esfuerzo punitivo ha sido inútil, cuando no contraproducente, como lo reconoció la Comisión Global sobre la Política de Drogas en su informe de 2011 y como lo reconocen hoy casi todos los expertos mundiales en el tema.

Así las cosas, ¿cómo es posible que esta política desastrosa no cambie?

Existen por lo menos tres obstáculos que lo impiden. En primer lugar, las estrechas conexiones entre la economía global, cada vez más regida por la lógica de los paraísos fiscales y el dinero globalizado de la droga (5% del PIB mundial, según algunos cálculos), lo cual hace que el dinero mafioso, como los bancos, resulte demasiado atrayente (too big to fail); en segundo lugar, la desproporción de fuerzas entre los beneficiarios de la prohibición (mafias, bancos, fabricantes de armas, redes de corrupción, empresarios de la moral, etc.) y las víctimas, es decir los consumidores, quienes por lo general (aunque cada vez menos) adoptan una actitud pusilánime, cuando no indiferente o incluso hipócrita, frente a la defensa de sus derechos. En tercer lugar, un debate en donde el maniqueísmo y el miedo opacan la experiencia, la ciencia y el sentido práctico.

En estas condiciones, muchos críticos potenciales del prohibicionismo, razonables y estudiosos, se callan o, peor aun, se dejan cooptar por los prohibicionistas. Pero hay otros tantos que han encontrado en las llamadas políticas de reducción del daño (PRD), que ponen el acento en la salud y la prevención, una salida intermedia entre el prohibicionismo y la legalización. Esas políticas han tenido mucho éxito en ciudades como Fráncfort, Róterdam, Lisboa, Boston y Zúrich, en donde se ha visto cómo los índices de mortalidad y de criminalidad asociados al carácter ilegal del mercado disminuyen drásticamente. De esta manera, los defensores de las PRD han conseguido escapar de la confrontación ideológica entre los partidarios y los enemigos de la penalización y han abierto una salida, si bien parcial y limitada, para salvar vidas y mejorar la seguridad ciudadana.

Nada de extraño tendría que Álvaro Uribe o Alejandro Ordóñez dijeran que el Bronx de Bogotá es una fábrica del crimen y que mandaran meter a la cárcel a todos sus habitantes. Pero Santos es un político pragmático, consciente de los males terribles que ha producido la llamada guerra contra las drogas y que sabe que la verdadera fábrica de los crímenes no está en la gente que consume drogas prohibidas, sino en la ley que las prohíbe. Por eso, es una lástima que los afanes de la reelección lo lleven a imitar a sus enemigos políticos.

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