Por: Patricia Lara Salive

¡Freno al disparate!

A estas alturas, el único camino sensato que tenía Colombia era el de retirarse del Pacto de Bogotá, para evitar que, en el futuro (¡contra el pasado ya nada puede hacer!), Nicaragua le arrebate más mar en un nuevo litigio ante la Corte de La Haya.

Pero no es mucho más lo que al Gobierno le queda por hacer, aparte de acatar ese fallo proferido por unanimidad, cuando aún el país, por voluntad propia, se encontraba bajo la jurisdicción de dicha Corte.

Lo que sí puede y debe buscar es un acuerdo pesquero con Nicaragua, de modo que los raizales sigan pescando sin restricciones en esas aguas. Y puede y debe crearles otras fuentes de ingresos. Y, acompañado por los formadores de opinión, el Gobierno debe pagar el costo político de contrarrestar la ola antiacatamiento y llevar al país a entender que, acatando el fallo, Colombia obtiene muchos más beneficios que desacatándolo, entre otras razones porque así no quedaría aislada del mundo por violar la Carta de Naciones Unidas, no respetar la legislación internacional y no aceptar los fallos de los tribunales de justicia. Además, ese fallo no es susceptible de desacatarse a pedazos: ¡se acata o se desacata en su totalidad: no hay más alternativa! Y hay importantes beneficios que, según los expertos consultados, Colombia obtiene con el veredicto de la Corte de La Haya. Por ejemplo:

1. Garantiza que San Andrés, Providencia, San Catalina y los cayos pertenecen a Colombia, propiedad que estaba en vilo, dado que la validez del tratado Esguerra-Bárcenas, que establece que esos territorios son de Colombia, estaba siendo cuestionada por Nicaragua.

2. Deja intacta la soberanía territorial de Colombia.

3. Le reconoce a Colombia un mar territorial de 12 millas alrededor de cada una de sus islas y cayos.

4. Establece, contra muchos pronósticos, que Quitasueño genera un mar territorial de 12 millas, porque la Corte acepta la tesis de Colombia de que Quitasueño es una isla, y no una elevación de bajamar, como sostiene Nicaragua, no obstante que este sólo cuenta con 70 centímetros cuadrados de una roca que sobresale siempre del mar y que nunca queda tapada por las altas mareas. ¡Y a ese pedacito minúsculo de roca, la Corte le concede 12 millas de mar territorial! ¡Si la Corte no hubiera calificado a Quitasueño como isla, ese mar le correspondería a Nicaragua!

5. Asegura la continuidad de los espacios marítimos de Colombia en el mar Caribe.

6. Y no afecta, como se cree, los límites territoriales de Colombia. Afecta, en cambio, la extensión de su zona económica exclusiva, que no forma parte de su territorio y que, hasta ahora, independientemente de las posibilidades de futuras explotaciones petroleras y de otro orden que haya en esos 75.000 km² de mar, los colombianos sólo estaban utilizando para pescar.

Entonces, ¿vamos a desacatar el fallo y, así, renunciar a la confirmación de la propiedad de Colombia sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos, dada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya? ¿Vamos a poner en peligro el ya establecido mar territorial de Quitasueño? Y, encima de todo, ¿vamos a pasar por la vergüenza de desacatar el fallo y de abrir la puerta para que Nicaragua recurra al Consejo de Seguridad de la ONU, del cual Colombia hace parte, con el fin de que “tome medidas” que nos obliguen a cumplir el fallo? ¿Vamos a correr semejantes riesgos?

Queridos lectores, ¡desacatar el fallo de la Corte de La Haya sería el mayor de los disparates!

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