Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Gobierno, motor de la deforestación

El incremento del 44 % en la tasa de deforestación entre 2015 y 2016 que reportó el IDEAM es alarmante. Significa la pérdida de cerca de 180.000 hectáreas de bosque en un año. Mientras el mundo entero toma acciones para frenar el cambio climático, en Colombia actuamos como colonos del siglo pasado y seguimos deforestando. Esta dinámica tiene una lógica generada parcialmente por el Gobierno Nacional.

Se identifican como motores de deforestación la expansión de la frontera agropecuaria para ganadería, la coca, la minería, la infraestructura vial y la especulación sobre la propiedad del suelo.

A mi juicio, la propiedad del suelo como instrumento de acumulación de valor y no como factor productivo, unida a la especulación que fomenta la promesa de nuevas vías y la titulación de tierras, es la principal causa de la deforestación. El motor lo maneja el Gobierno Nacional y está en sus manos acelerarlo o apagarlo.

Para adjudicar u otorgar el uso de baldíos, el Estado siempre ha considerado como condición que el solicitante lleve ocupando y explotando los predios mínimo por cinco años, y esto se mide en la cantidad de hectáreas deforestadas que estén en uso agropecuario, sean cultivos o pastizales. Esto se aplica indistintamente para zonas al interior de la reserva forestal o en áreas externas a ésta.

Para predios ubicados fuera de zonas de reserva forestal, el uso u ocupación previa es una condición adecuada. Esto debe incluir no solo las áreas en uso agropecuario, sino también el área conservada en ecosistemas naturales o seminaturales que se conservan en cada predio con el propósito de cumplir con la función ecológica de la propiedad.

En las áreas al interior de las zonas de reserva forestal, incluidas zonas en proceso de sustracción, el haber deforestado de manera previa a la sustracción no debe considerarse una forma de ocupación o tenencia de buena fe. Por el contrario, si queremos parar la deforestación, el Gobierno debe anunciar a los cuatro vientos que deforestar en una zona de reserva forestal impide que el agente deforestador solicite título de uso o propiedad sobre esas tierras y que deforestar allí es un delito que puede ser judicializado.

El Gobierno debe estimular la conservación en parte de los predios a titular. En áreas de importancia estratégica por servicios ecosistemicos de interés local o regional, deben definirse compensaciones para apoyar al propietario en su aporte a la sostenibilidad productiva regional. Especialmente para servicios ecosistémicos asociados a la regulación hídrica.

En los planes de desarrollo con enfoque territorial que se impulsan para construir la paz, la conservación de la estructura ecológica principal asociada a la regulación hídrica debe ser impulsada en los predios campesinos mediante compensaciones ambientales utilizando la herramienta de pago por servicios ambientales (PSA).

El Gobierno debe invertir los incentivos y valorar la conservación de los ecosistemas naturales en los predios titulados, en lugar de impulsar la deforestación para justificar procesos de titulación. Cambiar la lógica y divulgar por los medios masivos que deforestar en zona de reserva forestal no es argumento de tenencia, ni condición previa para solicitar o presionar por la titulación. Hay que invertir los valores desde las autoridades del sector agropecuario.

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