Gobiernos y modelos de negocios

Marina es una mujer que luego de trabajar durante 20 años en Bogotá decidió regresar a su natural Santa Marta con el propósito de abrir una panadería.

Con sus ahorros y un préstamo cumplió su sueño de independizarse y montar el negocio. A los tres meses recibió la visita de unos hombres armados quienes a nombre de los Urabeños cobraron una contribución de cinco millones para que no tuviera problemas de seguridad. A regañadientes, lo hizo en dos cuotas con la esperanza de que la dejaran trabajar. 

A los seis meses, los mismos hombres regresaron por diez millones con la noticia de que un vecino que se había negado a pagar fue asesinado en su propio negocio. Se trata de bandas delincuenciales conformadas por desmovilizados de las autodefensas y delincuentes comunes que reciben una especie de franquicia para operar en determinados barrios bajo la complacencia o pasividad de las autoridades. Esta misma situación se repite en Barranquilla, Montería, Medellín, Cali y Bogotá. Marina decidió cerrar el negocio y emplearse en un hotel de la zona.

Por otra parte, se conoció el negocio de Riopaila con la asesoría de la firma de abogados Brigard & Urrutia para adquirir a través de 27 empresas fachada 40 mil hectáreas en el Vichada, y de esa manera eludir la prohibición de titulación de baldíos a una sola persona natural o jurídica que fuera propietaria de otros predios rurales, y de paso, al hacer la vuelta por España y Luxemburgo, beneficiarse de una condición de inversionista extranjero que en estricto sentido no le corresponde. 

Una de las triquiñuelas jurídicas consistió en que como la limitación que incluye la ley 160 de 1994 en su artículo 72 no aparecía en los certificados de tradición de la adquisición de las tierras, las operaciones eran legales. Este argumento es el que ha venido discutiendo el gobierno para blindar la operación bajo la asesoría del ex ministro Néstor Humberto Martínez, siempre solícito a defender los intereses del gran capital.

Lo que inicialmente fue señalado por el ministro de Agricultura como una operación irregular, ahora el gobierno lo defiende como un modelo de negocios en el que es necesario permitir que los grandes empresarios puedan contribuir al desarrollo, toda vez que el campesino no cuenta con los recursos para trabajar una tierra difícil como la del Vichada. Es una versión sofisticada del modelo Carimagua que defendía el entonces ministro Andrés Felipe Arias.

Tanto Marina como Riopaila se ven beneficiados del discurso del desarrollo, bien sea en su versión de confianza inversionista o de prosperidad democrática. Pero la primera vio truncado su sueño y ninguna autoridad le tendió la mano mientras que a Riopaila el gobierno se apresta a usar todo su poder para blindar la operación. Una democracia que no es capaz de garantizar el ejercicio de los derechos, en este caso el de la libre empresa, de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad es una democracia sin sustancia, una fachada. 

Por eso cuando se elige un gobierno en estos tiempos lo que se está eligiendo en realidad es el modelo de negocios que hay detrás.

@cuervoji