Golpe al proceso de paz

Con la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequibles los literales H y J del artículo 1 del acto legislativo 01 de 2016, el proceso de paz quedó herido de muerte.

Es claro que le corresponde al alto tribunal velar por el cumplimiento de lo establecido por la Carta. Y en este caso lo ha hecho sobre la norma que establece la separación de poderes, es decir, la capacidad que tiene el Congreso de deliberar y cambiar las normas expedidas en virtud del cumplimiento de lo firmado entre el Gobierno (Estado colombiano) y las Farc.

Esta decisión tiene muy contentos a los que se opusieron al Acuerdo de Paz y votaron No en el plebiscito y, por contera, sumamente preocupados al Gobierno y a las Farc. El asesor de las Farc, abogado Enrique Santiago, ha dicho que con esta decisión el que incumplió fue el Estado, pues la Corte hace parte del mismo, por lo que las Farc podrían dejar de cumplir con lo pactado hasta que el Estado solucione el problema.

Si bien no se conoce la sentencia, lo cierto es que el proceso está herido de muerte, pues las Farc están pensando que el Estado les está haciendo un conejo.

Nadie dijo que el proceso iba a ser fácil, pero lo cierto es que este empezó a tambalear cuando el Gobierno decidió seguir adelante a pesar de que una gran mayoría de colombianos no lo querían.

Arrancan ahora las interpretaciones de lado y lado. Los abogados del Gobierno, entre ellos el doctor Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y rector del Externado, sostienen que no todo se puede modificar, como por ejemplo extraditar o meter presos a los guerrilleros. Ya hay normas que quedaron en firme, pues la decisión de la Corte rige para el futuro y no para lo que ya está aprobado. Y eso es totalmente cierto. Los asesores de las Farc, por su parte, hacen otra interpretación y es que la decisión de la Corte es un incumplimiento del Estado y por lo tanto quedan legitimadas para no cumplir lo pactado hasta que el Estado haga lo propio.

Henao sostiene que en la práctica no va a pasar nada, pues si el Congreso cambia las cosas, el presidente queda con las objeciones presidenciales, es decir, si el Congreso cambia en nuevas leyes los acuerdos, el jefe del Estado siempre puede objetar.

Así las cosas, como todo lo que pasa en Colombia, el proceso entró en un curso nebuloso de interpretaciones jurídicas que ciertamente enredan todo.

Mientras tanto, esperemos ahora que el Centro Democrático arranque a molestar y a ponerle trabas a todo, pues sus miembros van a darle a la decisión de la Corte los alcances que ellos pretenden: volver trizas todo lo acordado con las Farc y aprobado por el Congreso.

Me cuesta trabajo pensar que ni el Gobierno ni las Farc hubieran previsto que todas las normas estaban sometidas al control de la Corte. Y, claro está, las Farc deben entender que al someterse a la legalidad las decisiones de la Corte hacen parte de eso, de acatar el Estado de derecho. ¿Morirá la paz con las Farc?