Guardianes de la bahía

El reciente accidente de un menor de edad arrollado por una moto acuática, ocurrido en las playas de Cartagena, pone sobre el tapete la propuesta que los hoteleros le hicieron al Gobierno durante su pasada asamblea, precisamente en la misma ciudad, para que se les permita ejercer vigilancia y custodia sobre estas áreas públicas, adyacentes a los hoteles, hoy en día convertidas en tierra de nadie, dada la desidia y la falta de control por parte de las autoridades locales.

Las playas son un atractivo esencial para los destinos de sol y playa, y en consecuencia los hoteles tienen en ellas una de sus principales cartas de presentación. Sin embargo, la inmanejable profusión de vendedores ambulantes, carpas en alquiler e improvisados negocios privados dedicados a la venta de comida y licor, que estimulan la tugurización y la presencia de expendios de droga y delincuencia, genera a su alrededor irreparables daños ambientales y ecológicos, y les arrebata a los turistas la posibilidad de un disfrute seguro, cómodo y tranquilo del litoral.

La Ley 1558 de 2012, una de las tantas normas modificatorias de la Ley del Turismo, previó la posibilidad de que las playas puedan concesionarse, pero no para privatizarlas y convertirlas en bienes con ánimo de lucro, sino para contar con el apoyo de los privados en la ordenación de su uso, como lo plantea el presidente de Cotelco, Gustavo Toro.

El ordenamiento de las playas, acordado en la misma ley y reglamentado por el Decreto 1116 de 2013, quedó en manos de Comités Locales integrados por Mincomecio, la Dimar, la autoridad municipal o distrital correspondiente y las comandancias de policía. Su encargo es establecer franjas en las zonas de playas destinadas al baño, al descanso y a la recreación, así como a las ventas de bienes de consumo a los turistas y a la prestación de servicios relacionados con actividades de aprovechamiento del tiempo libre. Sin embargo, hasta la fecha, poco diligente ha sido la labor de dichos comités y los resultados de gestión brillan por su ausencia.

La propuesta de los hoteleros no debería echarse en saco roto. Para la salud de nuestras playas, huérfanas de dolientes, el acuerdo con los empresarios para que asuman el compromiso y la responsabilidad de velar por su cuidado, seguridad y aseo, y porque se cumpla por parte de los usuarios la normatividad vigente, sería un importante paso para recuperar el entorno marítimo, protegerlo de la contaminación y lanzarle un salvavidas a este valioso patrimonio colectivo, que además de un privilegio es fuente natural de vida.

Poner en marcha esta bienvenida alianza público privada, aceptando la inversión de los hoteles, sin delegarles derecho alguno de propiedad sobre las áreas concesionadas ni facultad para decidir sobre el libre acceso de nativos y usuarios, facilitará la aplicación de las regulaciones ambientales.

Organizar, vigilar y limpiar las playas cuesta dinero y -frente a la indolencia y la falta de recursos, de interés y de conciencia turística de las administraciones locales-, con su decisión de echarse la mano al dril, bien podría adjudicárseles a los hoteleros este nuevo y protagónico rol, como guardianes de la bahía.

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