Por: Juan Pablo Ruiz Soto

La Habana, acuerdos y preguntas

El primer informe Gobierno-Farc, “Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma rural integral”, publicado en junio, presenta avances y genera interrogantes.

Al referirse a la reforma rural integral (RRI) establece que el acuerdo debe conducir a cambios estructurales en la realidad rural y agraria del país, basados en la equidad y la democracia, para que éstos contribuyan a la construcción de una paz estable y duradera. Sorprende que pregonando que el eje es la producción campesina, familiar y comunitaria, no se diga nada respecto a la limitación o no de la apropiación —que se está dando— de la tierra por grandes inversionistas, sean nacionales o extranjeros. Sorprende esta omisión, pues el marco de referencia es la desconcentración y distribución equitativa de la tierra.

El acuerdo habla de la exención de impuesto predial para los pequeños productores, y menciona la conservación del medio ambiente, de las fuentes hídricas y de las reservas forestales, y el apoyo al uso del suelo según su vocación. Sin embargo, no menciona la exención de impuesto predial para los propietarios que estén adelantando procesos de conservación de ecosistemas y servicios ambientales en sus predios. En múltiples predios se adelantan, de manera simultánea, actividades de producción y conservación. Es indispensable incentivar a los propietarios para que contribuyan de manera efectiva a la conservación de áreas críticas en las cuencas hidrográficas.

Al referirse al ordenamiento ambiental territorial, el acuerdo menciona el uso de esta herramienta a escala regional, pero no lo articula al manejo predial, que es donde el productor define la transformación de los ecosistemas rurales. En áreas críticas de regulación hídrica, debe haber exención de impuestos para quien conserva.

Las zonas de reserva campesina (ZRC) son mencionadas como parte de la estrategia para frenar la expansión de la frontera agrícola, promover y estabilizar la producción campesina, y favorecer la producción de alimentos. Sin embargo, no se menciona el papel del ordenamiento ambiental territorial a nivel regional y predial, como punto de partida para asegurar la estructura ecológica principal y los servicios ambientales, fundamento de la sostenibilidad ambiental y económica de la producción en zonas de expansión de frontera agrícola.

En infraestructura se mencionan vías, electrificación, comunicaciones, sistemas de riego y drenaje, pero no la necesidad de invertir para asegurar la estructura ecológica que protege la infraestructura y regula los flujos de agua.

Al referirse a las relaciones campo-ciudad no menciona la regulación hídrica generada en las zonas rurales para beneficio de los habitantes urbanos, y la necesidad de transferencia de recursos financieros de la ciudad al campo para asegurar este servicio ambiental.

En lo referente a la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio genético, hay un acuerdo positivo sobresaliente respecto a la protección de las semillas nativas y los bancos de semillas para que las comunidades tengan acceso a material de siembra óptimo, y se menciona la estricta regulación social y ambiental del uso de semillas transgénicas.

Lo conversado en La Habana deja acuerdos y plantea interrogantes.

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