Por: Columnista invitado

¿Qué hacer con la Corte Constitucional?

La que se vive es tal vez la peor crisis de la justicia desde que se dio vida al actual arreglo institucional con la Constitución de 1991.

Quiérase o no, la Corte Constitucional se ha labrado para sí misma el título de órgano de cierre judicial, por encima de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura. También, por obra y gracia de la propia Corte, para bien o para mal, y por efecto de su jurisprudencia expansiva, el país ha vivido un proceso de constitucionalización de todos los temas principales de la vida pública y privada.

Un escándalo de corrupción en la Corte Constitucional significa -nada menos- que el cáncer maligno que irradia a muchas otras instituciones ha tocado las puertas de una de las joyas de la corona de nuestro Estado de Derecho. Un escándalo de corrupción en el seno de nuestra Corte Constitucional es una estocada maldita a uno de los pocos bastiones que quedaban de la buena Colombia. El caso Pretelt es grave no sólo porque pone en evidencia un posible caso de la más aberrante corrupción, sino porque hace manifiesta la crisis del sistema de selección discrecional de tutelas que, con buenas intenciones, se concibió en la Carta de 1991. Este país no tiene aún la madurez institucional para darle uso responsable a un modelo de justicia basado en criterios no reglados de selección de casos. La potestad libre que tiene la Corte de escoger para su revisión alrededor de mil casos entre más de un millón de fallos de tutela de los jueces de primera y segunda instancia se ha convertido, por regla general, en un tráfico perverso de influencias y favores que genera una odiosa élite de poder de pocos poderosos que tienen la manera de llegar a alguno de los nueve magistrados de la Corte.

No nos digamos mentiras: el modelo de selección discrecional de tutelas terminó institucionalizando el lobby ante los magistrados, lo que contrasta con los demás recursos judiciales reglados, donde el papel principal del litigante se centra en presentar un escrito bien fundamentado, que acredite el cumplimiento de los requisitos de ley. Lo más triste de este modelo es que, en este país de privilegios, la tutela que se termina seleccionando para revisión no es la del ciudadano del común que tiene un problema cierto y serio de afectación de sus derechos fundamentales, sino la de un empresario que probablemente está asesorado por un encumbrado abogado y cuyo caso no necesariamente corresponde a una violación flagrante de un derecho fundamental. Por eso es que el caso Pretelt es grave: porque rebosó la copa de un modelo que hay que abolir de raíz.

Necesitamos actuar rápido y con decisión para superar la crisis. La primera propuesta de cambio profundo que hacemos es la eliminación total de la discrecionalidad en la selección de tutelas, no por vía de reformar el reglamento de la Corte, como se ha propuesto, sino por medio de una ley que debe tramitarse en el congreso y que establezca -con certidumbre- los requisitos mínimos necesarios para que una tutela sea admitida para su revisión por el máximo tribunal.

Una segunda propuesta que planteamos es la eliminación del fuero especial de los magistrados de esta Corte y de todas las cortes. Que el juez de los magistrados sea el Congreso de la República (la Cámara los investiga, el Senado los juzga) es un mensaje de impunidad inaceptable, cuando los jueces deben ser los primeros llamados a someterse al rigor de un juez serio y severo. El juez natural de un magistrado no puede ser un funcionario judicial sobre el cual pese una relación de subordinación o un control de tutela indirecto. Por ello, el tribunal de aforados que se está proponiendo es una buena idea.

Además, y a riesgo de pecar de puritanismo, considero que es preciso elevar a falta disciplinaria grave cualquier tipo de reunión extra-procesal con una parte o una persona interesada en un caso, en la que se toque el tema de un asunto judicial en curso, así sea una mera mención.

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