Por: Alfredo Molano Bravo

A lo hecho, pecho

Al principio eran meros rumores. Que ahí viene el lobo, que le vieron las orejas, que dejó el rastro por allí, que dejó boñiga por allá. Nadie creía.

Infundios, decían los altos empleados. Paranoia, decían las autoridades competentes. Después circulaban volantes y volantes; comunicados y comunicados. Inclusive los repartían en la carrera séptima con calle 100, al lado del Cantón Norte. También en los retenes, en las alcaldías, en los parques. Después comenzaron a tomar forma: nombres y apellidos concretos, con registro civil y número de cédula. Y por último, aparecían los cadáveres en un camino, en una calle, en una plaza, en un retén, en el playón de una ciénaga. Aun así, las autoridades lo negaban. Más aún, lo niegan. Los desaparecidos eran loquitos escapados de la casa, o muertos de miedo escondidos en el monte. Escandolas de las ONG para conseguir fondos. O, posiblemente, cocaleros o narcos. Gente que algo habría hecho. En fin, imposible: vivimos en una democracia. Hasta que la cosa cogió vuelo y los asesinatos se volvieron rutinarios, hechos cotidianos, menú diario. Las masacres, casos de baranda. La patria se salvaba del abismo.

Hoy estamos, otra vez, en la entrada del túnel. Han comenzado a correr versiones: que en el río Atrato, que en Casanare, que en Putumayo, que en Catatumbo, que en Segovia aparecieron, que hay grupos, que existen estructuras. Nada grave: son bandidos. Y así. Pero esta semana aparecieron las amenazas. A Pascual Gaviria lo boletearon; directivos de la CUT, dirigentes agrarios, defensores de Derechos Humanos, la Guardia Indígena del Cauca, las Zonas de Reserva Campesina, miembros de diversos colectivos fueron amenazados. En serio. Como la vez pasada, como tantas otras veces. La acusación, la misma: entregarles nuestra amada patria a las Farc y al castro-chavismo. Lo que justifica la reorganización armada para salirles al paso a los terroristas que buscan hacer política y que el “único escaño que lograrán será en las fosas comunes”. En fin, unos hablan y los otros hacen. Ninguna conexidad legal, nada para enviar copias a la Fiscalía. En realidad, es un discurso que por conocido no deja de ser temible. E inminente, las elecciones están a 15 días.

Las Bacrim son tomadas por el Estado como meras organizaciones criminales y por eso no pueden ser consideradas políticas. Pero matando gente de izquierda o de derecha podrían volver a otro Ralito, Ralito II. Eso buscan. ¿Cuántos miles muertos costaría esa acreditación? Después del acuerdo del 23 de septiembre el tiempo corre en contra del Gobierno. Cada día puede haber más reorganización armada de los nuevos refundadores y menos tiempo para la anhelada dejación de armas. El Gobierno no puede permitir la reedición de otro Frankenstein; hoy cuenta con el apoyo de Obama y de unos generales que han entendido y aceptado que la Guerra Fría se acabó. Será costoso quitarle los vendajes al nuevo monstruo y dejarlo a merced de su propio desangre. Costará, pero si está dispuesto —como se espera— a que el 23 de mayo —dos meses después de la firma del acuerdo— cese la guerra para siempre, tendrá que hacerlo.

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