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Rodrigo Uprimny 3 Nov 2012 - 11:00 pm

Huelga y servicios públicos esenciales

Rodrigo Uprimny

El debate sobre la legalidad o no del paro judicial plantea un problema más general, que en Colombia no hemos debatido apropiadamente: ¿cuál debe ser la regulación adecuada de la huelga en un “servicio público esencial” (SPE)?

Por: Rodrigo Uprimny
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Hoy en Colombia está prohibida cualquier huelga en las actividades definidas legalmente como SPE. Y la lista es bastante amplia, pues distintas leyes han calificado como SPE a la justicia, la seguridad social, la educación, la salud, la vigilancia penitenciara, el transporte, el teléfono, las actividades de la DIAN y todos los servicios domiciliarios, como el agua o la electricidad.

El argumento que se usa para justificar esta prohibición es que los SPE son tan importantes que deben ser prestados en forma permanente, sin que sea admisible ninguna interrupción, pues ésta tendría efectos catastróficos para la economía y para los derechos fundamentales de los usuarios.

El argumento de la contralora para solicitar la ilegalidad del paro judicial parece entonces contundente, pues la Ley 270 ha definido a la justicia como un SPE, por lo cual sería injustificable cualquier paro judicial. Sin embargo, el asunto es más complejo pues la misma Ley 270 establece que en la justicia las vacaciones son colectivas. Surge entonces la pregunta: si ese servicio es tan esencial, que no podía ser interrumpido, ¿cómo es posible que haya vacaciones colectivas?

La respuesta que suele darse es que la Ley 270 establece que las vacaciones judiciales son colectivas, pero ordena que se mantengan ciertos servicios imprescindibles, como los prestados por los juzgados de menores, los penales municipales o los de familia. Eso es verdad, pero es suficiente para mostrar que la prohibición absoluta de la huelga en la justicia parece desproporcionada, pues si los usuarios y el país resisten las vacaciones colectivas, ¿por qué impedir cualquier cese de actividades en ese ámbito?

¿No sería entonces mejor establecer, como se hace en la mayor parte de los países europeos, que la huelga es posible en cualquier SPE, pero estableciendo un sistema de garantías para que haya preavisos razonables del cese de actividades y que los sindicatos mantengan un mínimo de servicios que evite la vulneración de los derechos fundamentales de los usuarios? Por ejemplo, que en la salud puede haber huelga, pero deben mantenerse ciertos servicios como las urgencias o la atención de enfermedades graves.

Ese tipo de regulación lograría armonizar en mejor forma el derecho de huelga de los trabajadores con la protección de los derechos de los usuarios de un SPE. Y además permitiría un mayor respeto del principio de legalidad y una mejor institucionalización del conflicto laboral que la actual prohibición absoluta de la huelga en los SPE, que termina siendo puramente simbólica pues no se cumple, pero tiene en cambio efectos perversos, pues convierte todo paro de los trabajadores en este campo en una vía de hecho, que carece de un marco legal para una solución negociada y pacífica. ¿No será tiempo entonces de buscar una regulación más realista y democrática de la huelga en los SPE?

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osicasta

Lun, 11/05/2012 - 23:23
no comparto la posición del periodista, en mi concepto el error histórico de los altos sueldos de los magistrados no se corrige nivelando a los otros funcionarios de la rama por lo alto, sino rebajando esos altos sueldos. Por experiencia con los profesores y personal de la salud, el incrementar los salarios a este personal, generará contratación informal mas barata, como las ups de maestros y cooperativas de trab asociado de la salud. La garantía de huelga en una rama del poder publico es absurda, por cuanto es reconocer el derecho de huelga como un hecho del príncipe. Las vacaciones colectivas son un hecho histórico que debe corregirse a futuro por lo necesario del servicio.
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BENCOS

Lun, 11/05/2012 - 11:52
Con reformas ultra derechistas uribe criminalizo la protesta y la huelga sin base legal para ello, eso le dejo un hueco al derecho de los trabajadores y la posibilidad de ser ambiguo.
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doloresthomas

Dom, 11/04/2012 - 21:54
Interesante punto de vista.
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Falimemen

Dom, 11/04/2012 - 12:40
Siempre hacen normas privativas que no combinan con las huelgas y reclamos de los derechos fundamentales, pareciese una involución, un retorno a los esclavos y sus amos que deciden sus suertes.
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Êšþ䮆â©ö

Dom, 11/04/2012 - 11:25
SEÑOR RODRIGO UPRIMNY , CON TODO RESPETO, ES BUENO QUE INVESTIGE QUE ES LA !VIA DIRECTA" EN ADMINISTRATIVA. Y EN QUE CIRCUNSTANCIAS DEBE SER APLICADA.: THEMIS
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Equalizer

Dom, 11/04/2012 - 11:16
El funcionamiento de despachos judiciales, como bien lo anota el periodista, no está definido como Servicio Públicio Esencial, SPE. Y para el caso concreto que se vive desde hace dos semanas......quienes han cometido ilegalidad y arbitrariedad, son los gobiernos que suscesivamente y DURENTE VEINTE AÑOS, han violado la Ley 4a de 1992, que ordenó el reajuste partiendo del IPC......Este desgobierno de Santos también está en la ilegalidad. Qué Juez será capaz de declarar el paro ilegal???... Además habrá recursos contra la supuesta declaratoria de ilegalidad y el paro seguirá...Bye. Bye..
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Jainkoaren ezpata

Mar, 11/06/2012 - 17:27
Periodista?
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amisadale

Dom, 11/04/2012 - 10:11
PERO DOCTOR ARTAVIA L USTED Y TODOS LOS USUARIOS DELA JUSTICIA SABEMOS TAMBIEN COMO ESOS OPERADORES JUDICIALES SON ZANGANOS , SE LO PASAN TOMANDO TINTO POR FUERA DEL DESPACHO DESCUIDCANDO SUS LABORES Y MUCHOS SON VENALES.
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amisadale

Dom, 11/04/2012 - 10:07
PERO LO CIERTO SEÑOR EX MAGISTRADO ES QUE LAS COSAS SE LLAMAN POR SU NOMBRE Y EN ESTE PAIS POR CONSTITUCION LA HUELGA EN LA JUSTICIA ESTA PROHIBIDA POR TANTO EL PARO ES ILEGALLLLLLLLL.
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jaramo

Dom, 11/04/2012 - 10:06
Uprimmy maneja bien su filosofía del derecho, muestra visión de totalidad, es un opinador razonable y confiable...
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leftright

Dom, 11/04/2012 - 08:39
Estos tinterillos sobre todo este mamertin son pateticos,pais de leguleyos con la peor justicia del mundo campeones mundiales de la impunidad,incapaces,ineficientes,incompetentes,y ahora quieren aumento y no como los demas mortales colombianos de acuerdo a la inflacion ,si no de millones ,el argumento central es que como los MAFISTARADOS ganan de 10 millones a 20 millones y los empleados y jueces ganan de 2 millones a 6 millones, entonces quieren que se les suba millones ????que tal esto sinverguenzas desvergonzados,pero claro como la justicia y la educacion estan en manos de comunistas (fecode)y samperistas (asonal) que es cais la misma mierda,Yo digo muy bien que la justicia fuera tan eficiente como las fuerzas armadas,vaya y venga,PERO CON LA JUSTICIA DE MIERDA DE COLOMBIA
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HOLARUNCHOS

Dom, 11/04/2012 - 10:05
10 a 20?...no se engañe entre 25 y 30, mas (+ ) 2 carros con combustible y escoltas
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HOLARUNCHOS

Dom, 11/04/2012 - 08:24
FARUCO UPRIMY ...SI BIEN SUS CAMARADAS ( LOS JUECES) TIENEN LA RAZÒN Y EL DERECHO EN SUS RECLAMOS ...LO CIERTO ES QAE EL GOBIERNO LES MAMA GALLO POR QUE TAMBIEN LOS UTILIZAN PARA QUE PROFIERAN SENTENCIAS CONTRARIAS AL LEY .... ES DECIR..LES DA DE SU PROPIO COCINADO ........ LA JUSTICIA COLOMBIANA .... ES LO MAS PODRIDO QUE HAY......... Y EL GOBIERNO DEBE LIMPIAR LA RAMA JUDICIAL Y LA FISCALIA INFILTRADOS DE LAS BANDAS CRIMINALES FARC Y M-19
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fernando artavia lizarazo

Dom, 11/04/2012 - 06:36
No siendo el columnista santo de mi devoción coincido con él. La verdad es que el poder judicial desde el punto de vista legal tiene la razón, así pongamos en duda su voluntad de compromiso y entrega en el servicio que presta y más si fácil es advertirlo que ciertos cargos son llenados con personas inexpertas y así nos toca aguantarlas cumpliendose el adagio que reza: el que tiene el poder, manda, aunque mande mal, como está ocurriendo con los vigilantes en hospitales y centros de salud que son los que definen quien ingresa, por ende a quien se le presta el servicio y no dudemos que el accionar del poder judicial hay que hacerle una evaluación y saldría mal librado y más ahora cuando quiere en materia penal darsele prioridad a situaciones por encima del derecho del que reclama justicia.
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