Por: Rodolfo Arango

Hundir el acelerador

Dos hechos han puesto a peligrar el proceso de paz: los resultados electorales en Venezuela, hoy cuestionados por la oposición en un país camino a la inestabilidad política, y la caída vertiginosa del presidente Santos en las encuestas sobre el apoyo a una posible reelección.

 Era sabido desde un principio que las posibilidades de fracaso eran más altas que las de éxito. Los cortos tiempos y la condición reservada de las conversaciones hacían débil la posición del Gobierno. El presidente Santos, al jugarse sus restos por la paz de Colombia, quedaba rehén de las Farc-EP, siempre en búsqueda de plataforma internacional, y de la derecha uribista, que apuesta a la impaciencia del pueblo ante la posible caguanización del proceso para sacar réditos políticos en las elecciones de 2014. Lo sorprendente sería que en este contexto se pudiera avanzar en la reconciliación nacional.

Dos escenarios se abren hacia el futuro. El primero, de paz a largo plazo, con resultados inciertos. El segundo, de paz a corto plazo, con reinserción guerrillera y participación política en marzo y mayo de 2014. La izquierda armada y los jefes antirrestitución parecen jugarle al primer escenario. No habría que correr cuando se tiene mucho que perder y más se puede ganar extremando las contradicciones de los grupos en pugna. Los resultados de esta estrategia serían fatales. Sin acuerdos prontos entre las partes, el próximo gobierno estaría obligado a buscar la terminación del conflicto intensificando la guerra. La creciente anormalidad podría incluso aclimatar la salida por vía de una asamblea nacional constituyente, idea fundacional con la que simpatizan hoy los extremos políticos.

La segunda alternativa es hundir el acelerador, aprovechando el mandato popular por la paz. Las mismas encuestas revelan que los anhelos de las mayorías están por el éxito de las negociaciones. Las víctimas del conflicto quisieran ahorrar hondo dolor y sufrimiento a víctimas futuras. De ahí su generosidad al aceptar una justicia transicional en la que ven limitados parcialmente sus derechos como cuota de sacrificio para alcanzar la paz. Las Farc-EP también deberían en este punto demostrar grandeza. Una pretensión de indulto generalizado, incluso para militares, socavaría la reconciliación futura; mantendría vivos los sentimientos de indignación de quienes no aceptan la política de perdón y olvido. No hay que olvidar que la legitimidad del proceso depende del respeto de unos mínimos morales y jurídicos, los cuales se desconocerían mediante un pacto de meras conveniencias.

La reciente visita de la Corte Penal Internacional podría servir para desarrollar el marco jurídico para la paz. La apertura de la cláusula constitucional aprobada en junio de 2012 le otorga a la Corte Constitucional oportunidad para avalar el proceso orientando lo que puede ser la regulación estatutaria sin violar los mínimos de protección a los derechos de las víctimas. El uribismo tendría que aceptar el pacto de paz convalidado por el pueblo si los cabecillas de la guerrilla aceptaran reducidas penas de cárcel para delitos de lesa humanidad debidamente demostrados y aplazaran un tiempo su posible llegada al Congreso. Para ello habría que reformar la actual inhabilidad que los priva definitivamente del derecho a ser elegidos por haber cometido delitos como el reclutamiento de menores, entre otros. Diferente deberá ser la regulación penal para los miembros de la Fuerza Pública, si se pretende conservar la legitimidad del Estado y la dignidad de las instituciones públicas. Tal tratamiento diferenciado también está previsto en el marco constitucional para la paz.

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