Por: Manuel Iturralde

La ilusión de la reforma al sistema penitenciario y carcelario

El gobierno Santos anunció que presentará al Congreso una propuesta de reforma al Código Penitenciario y Carcelario.

Tanto la manera como las razones por las que se va a tramitar esta ley son discutibles. En cuanto a lo primero, el Ejecutivo no ha mostrado interés alguno en socializar y discutir el proyecto con personas y organizaciones de la sociedad civil que conocen el tema. Ello constata una tendencia de los gobiernos colombianos de tratar de imponer proyectos de ley sobre cuestiones complejas sin mayor discusión pública, lo cual no sólo empobrece el debate democrático, sino que condena a un fracaso casi seguro a las recurrentes reformas legales que se dan en el país.  Esto porque dichas reformas no parten de un diagnóstico serio de la situación que pretenden regular, por lo que no existe información ni suficientes elementos de juicio que permitan establecer criterios claros sobre qué se debe cambiar, por qué y de qué manera.

La improvisación del Ejecutivo nos lleva al segundo aspecto por el que es discutible la propuesta de reforma penitenciaria: dado que la finalidad del gobierno no es poner remedio a una problemática claramente diagnosticada, a través de medidas cuidadosamente analizadas y discutidas, es claro que los motivos que lo mueven son coyunturales y políticos. En el caso de las prisiones colombianas, el gobierno pretende acudir a la vía fácil del reformismo para desactivar el escándalo generado por los abusos que se cometen en las prisiones en favor de detenidos con alto perfil político, o fuerte influencia social y económica (parapolíticos, militares y paramilitares), quienes gozan de un régimen tan laxo y privilegiado que no se puede calificar de penitenciario. Así, para mostrarse indignado y firme frente a tales excesos, el Ejecutivo plantea una modificación del Código Penitenciario y Carcelario que seguramente va encaminada a hacerlo más duro, por medio de un régimen de detención más severo y de sanciones más drásticas para aquellos que lo incumplan. 

Esta reforma seguramente se va a quedar en el papel por varias razones: si el régimen actual es ineficaz, dado que buena parte de sus normas no se cumplen, no existe razón alguna para creer que uno nuevo va a ser más eficaz. El incumplimiento de las normas penitenciarias no se debe solamente a las acciones de unos cuantos funcionarios corruptos que se dejan persuadir o comprar por reclusos poderosos. Se debe principalmente a la incapacidad estructural del Estado colombiano de hacerlo cumplir. Basta citar como ejemplo el mandato legal que ordena separar a los sindicados de los condenados en distintos centros de reclusión. Éste no se cumple porque el grado de hacinamiento de las cárceles es tal, que el Estado se ve a gatas para encontrar nuevos cupos para los numerosos detenidos que entran cada día al sistema. Ese mismo hacinamiento hace imposible que el Estado pueda imponer algún tipo de orden al interior de los penales, donde prima la ley del más fuerte.

De otra parte, el gobierno es responsable directo de buena parte de los excesos que favorecen a los reclusos influyentes pues es a través de resoluciones del Inpec, firmadas por sus directores, que se han establecido regímenes privilegiados para estos prisioneros (como mayor número de visitas, acceso a celulares e internet y condiciones más laxas de reclusión). Por lo tanto, el gobierno no sólo ha estado siempre al tanto de la situación, sino que la ha propiciado.
 
Es necesario transformar el sistema penitenciario y carcelario, pero no para silenciar escándalos políticos, con lo cual todo seguirá igual, sino para mejorar las condiciones indignas de vida que sufren la mayoría de los detenidos colombianos. Y esto solo se puede lograr si el Estado y la sociedad se toman en serio la crítica situación carcelaria que, en muchos casos, no requiere de cambios normativos sino de voluntad política, recursos y acciones decididas para lograr que, al menos, aquellos aspectos positivos del régimen actual se cumplan.

Profesor Asociado

Facultad de Derecho, Universidad de los Andes

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